Funcionarios que participaron en el pasado gobierno del Bronco en la compra de 90 mil sujetadores deficientes para el Metro, aún permanecen en la administración de Fomerrey, debido que Samuel García aun no los ha quitado de sus puestos.
Fue Rocío Maybé Montalvo, quien dirige la organización Únete Pueblo, dedicada a la defensa del usuario del transporte público la que recordó cómo la compra realizada a la empresa Vossloh generó un daño al erario estatal que ronda los 285 millones de pesos.
Por tal motivo, integrantes del grupo clausuraron simbólicamente las oficinas de Metrorrey y pidieron al gobernador García que destituya a los funcionario que "son de la vieja política".
"Desde la transición este Gobierno se comprometió en sacar estas ratas, pero en su lugar los sigue premiando con sueldos de 200 mil pesos. Samuel García nos prometió un nuevo Nuevo León, sin embargo, vemos que sigue operando el viejo León".
En las oficinas colocaron fotografías de los funcionarios, copias de nóminas recientes del Metrorrey, en las que aún aparecen órdenes de compra, y entregaron un oficio para solicitar que se les otorgue el informe completo de las anomalías detectadas por la compra de los sujetadores.
Además, pidieron informes sobre el número de sujetadores que han sido instalados y cuántos se han tenido que reemplazar por las fallas que han presentado.
Maybé Montalvo pidió congruencia al actual gobernador del estado, quien en su momento lo acompañó a denunciar la corrupción de Metrorrey.
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Los funcionarios son identificados como Juan Antonio Posada Gómez, Jefe de Vías; Enrique Lozano Lee, de Proyectos Especiales, y Pedro Cárdenas Rodríguez.
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