Los cuatro policías rasos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco nunca en sus vidas habían estado en el interior de una casa como aquella.
Portando sus armas largas terciadas al hombro y vistiendo deslavados uniformes que alguna vez fueron azules, calzados con sus gastadas botas tipo comando pisando sobre la duela, penetraron en la lujosa residencia estilo californiano con parsimonía, como si estuvieran entrando en un recinto sagrado.
Pero qué iba a ser sagrado aquel sitio. La Procuraduría General de la República (PGR) sospechaba todo lo contrario.
La puerta principal y algunas de las habitaciones habían sido derribadas por las fuerzas federales.
Y los efectivos estatales estaban ahí por “órdenes de arriba”, con el argumento de evitar que la mansión fuera víctima del saqueo.
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Era, como la llamaron algunos diarios, una quimera. Una completa ‘incoherencia’ arquitectónica aquella discrepancia entre el estilo de la casa y el lugar en donde estaba ubicada, el ejido Tulijá del Municipio de Macuspana, en el kilómetro 78 de la carretera Vhsa-Escárcega.
Lujo extremo, ofensivo, rodeado de pobreza.
Hasta el nombre era una tomadura de pelo; "Pegaso Ranch".
Los uniformados, de origen humilde, revisaron la construcción.
"Nomás pelaban tamaños ojotes", diría el cronista policíaco.
Miraron la enorme cocina de madera preciosa, y se imaginaron, tal vez, porque no podían hacer otra cosa, las viandas y delicias que podían albergar sus múltiples entrepaños.
Alimentos que faltaban en sus propias casas.
Observaron las recámaras con camas enormes, como en las que nunca habían dormido ellos ni sus familias.
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En el comedor admiraron una mesa para doce comensales en donde su patrón agasajaba a sus invitados, y acaso se miraron en los espejos de la mansión.
Vaya que la suerte no le sonríe a todos. Pero definitivamente, al que le sonríe, le sonríe.
Seguro se preguntaron por qué su jefe, el entonces secretario de Seguridad Pública Juan Cano Torres, podía vivir de aquella forma mientras ellos apenas sobrevivían con sueldos miserables, raquíticos, y trabajaban con uniformes rotos; por qué arriesgaban el pellejo en las calles portando armas inservibles y chalecos antibalas que se apenas se sostenían en sus cuerpos como andrajos.
Finalmente, esa tarde los agentes se sentaron a esperar órdenes, curioseando en el cuarto de lavado.
*
Fue tan sólo unos meses antes de aquella escena, en el verano del 2006 cuando los caminos de Tabasco comenzaron a llenarse de cadáveres.
Aparecían a la vera de las carreteras, tirados sobre las brechas de terracería: con las manos atadas a la espalda, amordazados, los ojos vendados o la cabeza enrollada con cinta canela.
Todos tenían moretones dejados por las palizas, miembros amputados y agujeros de bala. Y el llamado “tiro de gracia”, que por cierto, nada tiene de gracioso, ni tampoco creo que sea capaz de concederle virtud alguna, ni al que lo da, ni al que lo recibe.
El balazo se los pegaban así nada más, a ‘bocajarro’, sin miramientos, en la frente o en la nuca.
Luego vinieron los decapitados. La cabeza de uno fue arrojada a las puertas de la Secretaría de Seguridad Pública, y otra a la entrada de conocido periódico.
Era el verdadero averno. ¿Cómo podían seguirle llamando “edén” a un lugar como este en las guías turísticas, un lugar donde la sangre corre con tanta abundancia como los ríos que lo surcan?
Para los verdugos, los autores intelectuales y materiales de las masacres, esta era una forma de decir: aquí estamos, y ahora nosotros somos los que mandamos en estas tierras.
Siguieron las matanzas de policías; agentes, mandos medios y comandantes caían como moscas bajo el poder irrebatible del armamento enemigo.
Pero ojo: la mayoría de ellos no eran asesinados por ser buenos elementos en pleno cumplimiento de su deber, sino por haberle jugado chueco a su otro jefe, uno que no perdonaba errores ni traiciones: el narco.
—Así comenzó todo, aquel año.
—Ah, ¿sí?
—¿Y sabe qué? A la muerte le abrieron las puertas de Tabasco sus mismos gobernantes corruptos, sus políticos ambiciosos, sus jefes policíacos podridos y sin entrañas.
—Y todo por el dinero... Por el maldito dinero que nada vale, como dice la canción.
—Pues nada valdrá, según usted, pero le aseguro que para obtener una montaña de dinero, a muchos no les importa dejar tras de sí una montaña de puros muertos.
*
Y vaya que hay quienes ganan, quienes saben beneficiarse de la violencia y el crimen.
Y hay otros que no.
Pero a veces el destino junta a unos y a otros. A perdedores y ganadores, frente a frente, como en un espejo.
A veces, incluso juegan en el mismo bando.
En esto debieron pensar los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que fueron designados desde aquel 6 de noviembre de 2006 para custodiar la residencia de su jefe, el secretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres, luego de un cateo ordenado por la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) asignados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO).
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Los oficiales ingresaron al denominado “Pegaso Ranch”, el cual estaba bajo la mira de la federación.
Pero no gracias a investigaciones ordenadas en el estado de Tabasco, vale aclararlo, sino a petición de la delegación de la PGR de Chiapas.
Se presumía que ahí había narcofosas, documentación y recursos de procedencia ilícita relacionados con el narco.
Para la PGR todo apuntaba a que 'Pegaso Ranch' no era sino la prueba contundente de que las autoridades policiales dejaban operar con total impunidad al narco, y que además se enriquecían ostentosamente, gracias a ello.
En esa oportunidad, el extinto periodista Rodolfo Rincón Taracena describió con minuciosidad la cabaña del jefe de la Policía de Tabasco, relacionada con una investigación que comenzó por presunto tráfico de personas.
Posteriormente, poco más de un año después, las acusaciones en contra del dueño de Pegaso Ranch, Juan Cano Torres, se complicarían: según el expediente penal 091/2007, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco había pagado dos millones de pesos para eliminar a su sucesor en el cargo, el general retirado del Ejército, Francisco Fernández Solís.
En un documento de 5 mil 234 fojas, constaba que uno de los sicarios y secuestrador, capturado junto con la banda del “Chelo Akal” el 21 de abril en Nacajuca, confesó “tener conocimiento” que Cano Torres realizó el pago por asesinar al general, el 6 de marzo del 2007.
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El escándalo salpicó bosta hacia todos lados.
Las fuerzas políticas de oposición exigían que el entonces exgobernador Manuel Andrade Díaz compareciera para que explicar "si por omisión o complicidad" no estaba al tanto de la podredumbre al interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
Sin embargo, el gobernador de ese entonces, Andrés Granier Melo exoneró al ex mandatario mencionando que cualquier intento por relacionar a Andrade Díaz en el caso Cano Torres, eran “provocaciones que pretenden enrarecer el asunto”.
Todos se tapaban con la misma cobija.
