Siete meses han transcurrido desde la captura del ex director del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Juan José “N”, que hoy, junto con una de sus presuntas socias, la contratista Suceli “N”, permanecen recluidos en la prisión del estado, sujetos a proceso por cargos de Ejercicio Indebido de atribuciones y funciones en agravio del gobierno del estado; juicios, de los que no han logrado justificar o aclarar los destinos, inicialmente, que tuvieron poco más de 11 millones 600 mil pesos, aunque presuntamente, la cifra del monto perdido podría ser de 131 millones o más.
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La situación actual que enfrentan los acusados, en el juzgado cuarto de oralidad; el gobierno del estado, en calidad de agraviado, acusa de haber destinado recursos por el orden de 11 millones 600 mil pesos de las que el ex rector, presuntamente benefició a cuatro empresas para realizar trabajos ambientales.
Existe en contra del acusado, el juicio de número de expediente 578/2020, pero resulta que también hay otro expediente abierto y es el que lo vincula con lo que resultó la participación de la supuesta contratista Suceli “N”, donde se radicó un nuevo asunto bajo numerales 723/2020 por cargos como ejercicio indebido de atribuciones y facultades en los trámites con el ITSC.
El juicio que mantiene en la cárcel a esta pareja, de inicio, a la encarcelación del ex rector, aprehendido el 4 de julio del año pasado, se le acusa de haber destinado recursos que le fueron otorgados por el gobierno del estado a cuatro empresas por el orden de los 11 millones 600 mil pesos para proyectos ambientales.
Los proyectos, en efecto, se concretaron y se demostraron mediante documentos como facturas por pagos de dichos trabajos que corrieron a cargo del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, esto, cuando el presuntamente señalado, fue titular en los años 2016-2018.
Ha quedado, presuntamente claro, que los recursos, no precisamente se los “agenció” el detenido, sino que los distribuyó “legalmente”, pero incurrió ahí en el delito por el cual está siendo vinculado a proceso, ya que en las condicionantes, el 49 por ciento podía hacer los trabajos con empresas particulares –subcontratar- y el 51 por ciento el Tecnológico, pero dispuso del 100 por ciento para las empresas, recayendo así en el incumplimiento de los acuerdos, y con ello, la acusación formal en su contra por el cargo de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
El 16 de Octubre, la Fiscalía de Justicia de Tabasco, en coordinación con las de Chiapas, aprehendió a Suceli “N”, una de las cuatro responsables de empresas vinculadas al aparente timo perpetrado en agravio del gobierno del estado.
La acusación, de acuerdo a la Fiscalía de Justicia de Tabasco, era que la aprehendida, en calidad de contratista, fue una de las empresas beneficiadas por el entonces rector de la ITSC; según, cedió obras de manera irregular.
Presunta adjudicación directa
Recluida también en la prisión del estado, Suceli “N”, enfrenta la acusación de haber sido parte en el robo al gobierno del estado a través de la adjudicación directa de la elaboración de estudios de impacto ambiental y el servicio de mantenimiento a cinco plantas de agua potable del municipio de Centro, mediante un contrato de 6 millones 310 mil 344 pesos, que aparentemente legalmente no justificaron.
Suceli “N” administradora de la empresa de elaboración de estudios de impacto ambiental, habría incurrido en la comisión del delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades en los trámites con el ITSC; su captura se perpetraría fuera de su domicilio ubicado sobre la calle segunda Poniente, en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quedando así a disposición del juez de Control de la Región Judicial 9.
Juan José “N”, enfrenta el cargo de ejercicio indebido de atribuciones y funciones en agravio del Gobierno del Estado, institución que no ha dejado en claro, el real monto del presunto desfalco y además, podría enfrentar otros juicios, pero por la vía federal.
El que fuera coordinador de las campañas del PRD en 2018 y también presidente del Consejo Político, no es el único que posiblemente vaya a acompañarlo a prisión, lo anterior, según, el dato que todavía no aterriza en demanda, es que en la la cuenta pública del 2018, el encarcelado fue señalado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) de irregularidades en el manejo y uso de convenios de colaboración con dependencias federales por un monto de 130 millones de pesos, según se sabe.
Con oportunidad, Julio César Cabrales de la Cruz, en calidad de director del ITSC, precisó que el monto total asciende a 131 millones de pesos y que existen las demandas correspondientes.
Y también, en su momento, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Jaime Antonio Farías Mora informó al Congreso Local, que se presentaron tres denuncias penales ante las fiscalías General del Estado (FGE) y General de la República (FGR) por el desvío de más de 240 millones de pesos en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab)
Ante tales hechos, las sumas de desfalco al gobierno del estado, son millonarias y solo existe un funcionario encarcelado. El Juicio contra Juan José “N”, y acompañante, va para largo, y por lo que se ve, caerán más involucrados.