PEKÍN, China. Si nos atenemos a las imágenes de la televisión local, uno de los "centros de formación" para musulmanes en China tiene aires de escuela, con clases de mandarín, deporte y danza. Pero las autoridades que lo administran encargaron cachiporras, esposas y aerosoles de gas pimienta.
Su número llama la atención: dos mil 768 porras, mil 367 esposas y dos mil 792 pulverizadores.
La lista figura entre los miles de pedidos realizados en Xinjiang, en el noroeste del país, por las autoridades locales encargadas desde hace dos años de poner en marcha una red de "centros de formación profesional" en respuesta a la subida del islamismo y del separatismo en esta región de mayoría musulmana a dos mil kilómetros de Pekín.
Según activistas en el exilio, se trata de campos de reeducación política cerrados en los que permanecen o estuvieron un millón de uigures o miembros de otras etnias musulmanas.
Después de las protestas en la ONU y Estados Unidos, China, que durante meses desmintió la existencia de estos lugares, lanzó una campaña de relaciones públicas para presentarlos como centros educativos. El objetivo, según el régimen comunista, es prevenir la emergencia del terrorismo. Se basa en que algunos uigures cometieron atentados en los últimos años.
Una investigación de AFP a partir de más de mil 500 documentos públicos consultables en la red (licitaciones, presupuestos, informes de trabajo) revela que estos centros se gestionan más como una cárcel que como una escuela.
Miles de guardias equipados con gases lacrimógenos, garrotes y pistolas de descargas eléctricas vigilan los establecimientos rodeados de alambradas y de cámaras infrarrojas, según los documentos.
Los centros deben "enseñar como colegios, ser gestionados como en el ejército y defendidos como cárceles", resume uno de los documentos, citando al jefe del Partido Comunista Chino (PCC) en Xinjiang, Chen Quanguo.
Otro texto indica que los centros deben permitir "cortar la renovación de las generaciones (de terroristas), sus raíces, sus contactos, sus recursos".
Las detenciones estallaron y en la primavera de 2017 y los gobiernos locales empezaron a multiplicar las licitaciones para construir nuevas instalaciones.
Al menos un centro encargó una "silla tigre", como se les llama a unos pupitres que permiten atar de pies y manos a los sospechosos.
