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La tarde que la amenazó no se sintió intimidada. Tampoco le dio mayor importancia. “Está ardido porque no metí a su familia al programa”, pensó, ya que no contaban con los requisitos. A la mañana siguiente varios pobladores le advirtieron que tuviera mucho cuidado, pues el sujeto, un cacique de la región muy conocido por sus vínculos con autoridades locales y otros expresidentes municipales, era peligroso. Además, pregonaba en la comunidad que “le iba a partir la madre”, y se anduviera atenta, porque en cualquier momento la desaparecería.
La técnica del programa Sembrando Vida (PSV), Roxana Pliego, le comentó el hecho a su facilitador, pero sólo le dijo que levantara su denuncia en la presidencia municipal. Ante el temor, a mediados de este 2020, le pidió que la cambiaran de zona, sin embargo, hasta la fecha sigue ahí. Tiempo atrás, el 31 de marzo del mismo año, el técnico productivo Quetzalcóatl “R” fue citado por su facilitador Carlos Santiago Meza en el estacionamiento del centro comercial de la Plaza Cristal, en Puebla, para que firmara sus contratos de diciembre de 2019 y los de enero, febrero y marzo, en la cajuela de un vehículo.
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Enseguida le pidió que también firmara su renuncia, entregara su chaleco, gafete y el GPS para el registro de las georeferencias de las parcelas. No los entregó porque el despido fue inusitado y no los llevaba. Al otro día lo citó su coordinador territorial. “Mire, se ha tomado (la decisión) en las oficinas centrales de ya no recibir sus servicios por su actitud, porque no quiere trabajar en equipo y porque usted es diabético. No puede continuar en el programa y no queremos que se ponga en riesgo su vida por el coronavirus”, le dijo. Aunque el motivo principal fue por problemas con su facilitador. Once días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas no realizar recortes con excusa del Covid-19.
Roxana y Quetzalcóatl, quienes piden cambiar u omitir sus apellidos porque no quieren ser afectados, son parte de los dos mil 150 técnicos productivos y sociales de Sembrando Vida que se encuentran en la incertidumbre laboral al no estar contratados por la Secretaría de Bienestar y ser obligados a firmar un “contrato” provisional cada mes, cada tres meses o cada medio año, según la región.
Además padecen la inseguridad de las zonas; sufren amenazas por parte de funcionarios públicos o de los pobladores que buscan integrarse al programa sin contar con los requisitos; no cuentan con seguro médico, y son hostigados laboralmente por sus superiores para que renuncien e ingresen nuevos técnicos allegados a sus intereses.
A esto se suma que deben desembolsar de su sueldo, de 18 mil pesos mensuales por honorarios, para los gastos de viáticos para desempeñar sus funciones (hospedaje, transporte, compra de material didáctico, tarjetas de internet satelital y hasta las copias e impresiones que son para los sembradores).
Por si fuera poco, la dependencia les pide ponerse la camiseta de la Cuarta Transformación, la de la austeridad, y donar un mes de su trabajo a la causa, según denuncias recolectadas por este medio.
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En Sembrando Vida al menos 669 técnicos productivos y sociales “renunciaron” o fueron dados de baja de enero de 2019 a septiembre de 2020 —289 el año pasado y 380 el actual—, de acuerdo con la solicitud de información con número de folio 00002000268720 obtenida vía Transparencia y en poder de El Sol de México.
Otros técnicos de diversas entidades del país cuentan que tras realizar su examen de admisión al PSV y ser aceptados, se les comentó que para su trabajo no recibirían viáticos, pero los enviarían a zonas cercanas a su lugar de residencia. Sin embargo, no fue así.
A Roxana Pliego, quien pidió cambiar su nombre por temor a represalias de funcionarios de Bienestar, las comunidades que debe atender le quedan a más de seis horas de su domicilio. Entonces tuvo que rentar un cuarto en un municipio cercano por dos mil pesos mensuales, mandar a hacer su chaleco y gastar en transporte público alrededor de tres mil o cuatro mil pesos al mes, pues los pueblos que visita aun así están retirados y no es económico el pasaje. Además tuvo que gastar en una impresora y un celular de alta gama para realizar los registros del padrón sembradores, papelería y otros.
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Lo anterior contradice el apartado 5 de “Gastos de Operación” en las Reglas de Operación del PSV, en su inciso H: “...Técnicos contratados al servicio del Programa, previa autorización de la instancia correspondiente, y considerando las tarifas del tabulador de la Administración Pública Federal, tendrán derecho a hacer uso de los recursos económicos del Programa para gastos de traslado, hospedaje y alimentación, considerando que este personal se encuentra realizando su trabajo en distintos estados de la República...”.
Además, la dependencia les dijo a los técnicos, que deberían de comprar un seguro de gastos médicos. Ella adquirió en cinco mil pesos uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que la cubre por un año. A mediados de este 2020 se contagió de Covid-19, y sus jefes lo único que le pidieron fue que se aislara y realizara su trabajo desde la habitación que renta.
Al final su sueldo libre es entre seis mil y siete mil pesos mensuales. Lo mismo que percibía cuando laboró en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero ahí sí incluían viáticos para transporte y más.
En semanas recientes se puso sobre la mesa el debate del outsourcing, luego que en noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que buscaba reformar la ley para regular la existencia de empresas que se dedican exclusivamente a la subcontratación. Los técnicos del PSV no están en este régimen, pero parecen ubicarse en un punto intermedio de este tipo de contratación.
He estado sin prestaciones, la diferencia es que se compensa con salario emocionalÉrika / Extrabajadora
Los gastos del trabajo de Quetzalcoatl eran similares a los de Roxana, y lo desempeñaba en el municipio de Xicotepec, en la Sierra Norte de Puebla. Al igual tuvo que mudarse, pero las parcelas de los sembradores o beneficiarios no estaban cerca.
“Había comunidades que tenían sus parcelas ya casi en Veracruz. Eran dos horas en carro, caminar media hora en la localidad porque estaba cerrado el acceso, y después eran dos horas a caballo, luego dos más caminando para visitar un poblado. Tienes que empezar muy temprano, salir a las cuatro o seis de la mañana. A mí me tocó sólo un municipio y (la meta era) conseguir 200 personas. Se nos asignaron 20 localidades, tuve suerte, pero había compañeros que tenían que levantar tres municipios completos”, cuenta el extécnico productivo.
Además de esto, algunas zonas que visitaba eran territorio huachicolero. En los terrenos había rastros de mangueras cortadas y bidones con gasolina. Los sembradores sólo les decían que por su seguridad no voltearan, para no meterse en problemas con la delincuencia y tuvo noticias de ejecuciones.
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Al igual que Roxana y otros técnicos del país, Quetzalcóatl recibió la mano y el apoyo de los sembradores. En ocasiones les permiten pernoctar en sus casas cuando ya es tarde y no hay transporte para volver, y comparten de su comida, porque luego no hay donde comprar alimentos. Son zonas muy incomunicadas, donde no hay ni señal para el celular.
Un consultor agrónomo, que trabaja de cerca con el PSV y pide no revelar su nombre, relató que le tocó impartir una plática a los técnicos, para crear una cultura de paz en las regiones donde hay problemas de violencia. Ellos le dijeron que querían ver cómo se protegían de la inseguridad cuando llegaban a las comunidades, para que no les hicieran nada. “Pero no hay ninguna disposición (manual en el PSV) que les digan cómo actuar, los técnicos se valen por sí mismos. Los más hábiles hacen sus enlaces, se adentran en los territorios (peligrosos) y hacen su trabajo”, resalta.
El hostigamiento laboral es otro problema. Érika, técnica del programa, denunció que tuvo que renunciar debido a las sobrecargas de trabajo por parte de su facilitador, lo que le generó una crisis nerviosa y ansiedad. “He estado en diferentes espacios laborales, sin prestaciones de ley, pero la diferencia es que a cambio, se ha compensado con salario emocional. Y en Sembrando Vida todo lo contrario, pero en mi caso, fue a causa de una sola persona”, cuenta.
Laura Delalande, directora de Innovación y Desarrollo Social del Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, resalta que las labores de campo es un tema de compromiso y con sobrecarga de trabajo.
“Los 18 mil (pesos) es un buen sueldo para esos trabajos, pero efectivamente si no tienes aparte ni viáticos ni nada, sí se te empieza a ir y se reduce bastante (...) Trabajar en campo siempre es un tema de compromiso, de manera general es un trabajo complejo, es una sobrecarga de trabajo impresionante. Y entiendo perfectamente que si te ponen una actividad adicional, te truenan, porque estás corriendo, siempre estás detrás de las metas y las tienes que cumplir”, explica.
En el aspecto del hostigamiento laboral, algunos facilitadores en contubernio con los coordinadores, lo hacen con el fin de que los técnicos renuncien para llamar a quienes están en lista de espera, pues realizaron su examen para ingresar el programa a pesar de que obtuvieron un puntaje muy bajo. Esto es para ser usado en un futuro con fines de capital político, como denunció este diario en colaboración con Ethos, en noviembre pasado, en el reportaje “Sembrando Vida, entre la simulación y malas prácticas”.
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En él se alerta del posible riesgo de continuidad de vicios y un clientelismo disfrazado por el poder que se les da a los técnicos al elegir quien entra y sale del PSV, y sin una supervisión. Además que los facilitadores, y coordinadores regionales y territoriales, pueden aprovechar esta plataforma al visitar las comunidades para observar cómo va el programa y así, disfrazar una precampaña de una futura candidatura política.
El consultor agrónomo explica que desde arriba del programa se crea personal de acuerdo sus intereses: “En el PSV crean un coordinador a modo. De ahí meten la convocatoria para los técnicos, muchos se salen o renuncian. Y por el mero hecho que tú hayas realizado tu solicitud (examen), te abre la puerta, para que si eres afín al delegado federal (u otro funcionario del programa), te metan sin problema, aunque no hayas pasado el examen. Se pervierte el sistema y de ahí es para tener el control político”.
No sólo eso, técnicos denuncian que son obligados por parte de los facilitadores y coordinadores para que se impongan listas de proveedores de plantas y otros materiales a los beneficiarios integrados en las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), para que gasten los recursos adicionales que se les otorgan.
“En el tema de los proveedores pues tú le dices a la gente que ellos sean más transparentes, que ellos busquen el proveedor. Y de repente llega el facilitador y alguien de la Secretaría y dice ‘a ver chicos, ésta es la lista de proveedores, para que los recomienden’”, denuncia Pliego.
Para este reportaje se buscó a la Secretaria de Bienestar a través de su área de comunicación, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.
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