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Las universidades públicas y particulares del país deberán elaborar diagnósticos, programas y protocolos para prevenir, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia en contra de las mujeres. Además, agredirlas se considerará de “grave responsabilidad”, por lo que la conciliación queda excluida como medio para resolver cualquier tipo de abuso en su contra, establece la nueva Ley General de Educación Superior.
La reforma aprobada esta semana en la Cámara de Diputados, y que está próxima a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mandata a las escuelas emprender 14 medidas institucionales, académicas y de prestación de servicios para garantizar la seguridad de su comunidad femenina como la creación de senderos seguros, mejorar los sanitarios, promover el transporte escolar exclusivo e impulsar la cultura de la denuncia.
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También prevé que las instituciones de educación superior impulsen la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en sus instalaciones.
Es el artículo 43 de la ley el que regulará que las universidades sean espacios libres de violencia de género y discriminación hacia las mujeres.
Para Yndira Sandoval, feminista y activista política, las medidas son factibles con suficiencia presupuestal y con la tranversalización de la perspectiva de género, incluso perspectiva feminista.
Planteó que se requiere fortalecer la infraestructura institucional para crear o hacer resurgir las unidades de atención contra la violencia hacia las mujeres, incluido el acoso y el abuso sexual, como la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual (UAMASI) que existía en la Ciudad de México.
Agregó que las instituciones deberían ceñirse a la iniciativa 3de3 como criterio inmediato para evitar que directivos o docentes que tengan denuncias de abuso o acoso sexual puedan incorporarse o mantenerse dentro de las universidades, lo mismo aquellos que incumplen con la pensión alimenticia.
“Basta que bajo el amparo de la autonomía se siga protegiendo a los agresores”.
Indicó que lo importante ahora será la armonización de la ley a nivel de los estados y ahí será donde se tenga que poner el ojo para que cada uno de los preceptos establecidos en la ley general se puedan plasmar en las entidades para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Arussi Unda, integrante de las Brujas del Mar y una de las organizaciones que abrió la puerta a las organizaciones de alumnas para establecer los llamados tendederos de denuncia dentro de las instituciones de educación superior o en el bachillerato, dijo que “si bien es correcto implementar esa serie de medidas porque son necesarias, no se están atendiendo las denuncias por violencia a alumnas y maestras, por lo que pensando mal, es otra simulación más de estar atendiendo el problema sin atenderlo”.
Consideró que “un muy buen paso habría sido escuchar las demandas de las alumnas y las profesoras respecto a las denuncias que han presentado, que son muchísimas en todas las instituciones. Eso tendría que haber sido lo primero, de lo contrario esto sólo se convierte en un curita para una fractura”.
Antes del inicio de la pandemia, grupos de mujeres activistas mantenían tomados 20 planteles de la UNAM y demandaban la investigación de casos de algún tipo de acoso por parte de alumnos, profesores o directivos escolares. La misma situación se replicaba en instituciones públicas y privadas por todo el país.
Con la pandemia y la llegada de las clases virtuales la situación no mejoró. Han quedado registrados en video diversos comentarios misóginos por parte de profesores. El caso más reciente es el del profesor Genaro Castro Flores, quien en su clase en línea justificó los feminicidios y la tortura como una forma de frenar a las mujeres que asisten a movilizaciones.
La UNAM determinó suspenderlo “como medida urgente de protección” el pasado 9 de marzo.
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