De octubre de 2020 a febrero pasado, las cortes migratorias de Estados Unidos autorizaron cuatro mil 361 solicitudes de asilo a mexicanos, quienes en mayoría argumentaron la amenaza del crimen organizado, seguido de la cuestión económica y la persecución política, de acuerdo con cifras del la organización TRAC Inmigration de la Universidad de Syracuse, especializada en temas de migración.
“La mayoría de las solicitudes de asilo hechas por mexicanos refieren amenazas del crimen organizado en especial de grupos del narcotráfico y en menor medida cuestiones económicas y persecución política”, dice el TRAC en su reporte sobre la situación de asilos.
De acuerdo con datos de la organización TRAC Inmigration, en este periodo 27 mil 454 connacionales recibieron sentencia por corte de la Unión Americana tras hacer su solicitud. De éstas, cuatro mil 361 fueron aceptadas, mientras que 22 mil 31 fueron rechazadas y el resto recibió otro tipo de sentencia por parte de los tribunales, la cual no se explica.
California, fronterizo con México, es el estado de la Unión Americana que más asilo concedió a mexicanos en los últimos cinco meses, con dos mil 552, seguido por el estado de Washington (que se ubica en el noroeste de la Unión Americana) con 444, mientras que Oregon, otro estado más cercano a Canadá que a México, aceptó a 323 mexicanos en asilo.
México, según TRAC Inmigratión, ocupó el lugar 12 entre los países con más ciudadanos que lograron obtener el asilo por parte de Estados Unidos. Entre la lista de los primeros destaca China, India, El Salvador y Guatemala, estos dos últimos parte del Triángulo Norte de Centroamérica que en las últimas semanas ha visto crecer el flujo migratorio en busca de entrar a la Unión Americana.
En su análisis TRAC destaca que cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo en 2017, un total 542 mil 411 personas juicios de deportación o asilo. A principios de 2021, ese número llegó a un millón 290 mil 766, más del doble, lo que obligó al nuevo gobierno del demócrata Joe Biden a acelerar las audiencias, a pesar de la pandemia por Covid-19.
La organización destaca que si bien la administración Trump contrató a muchos jueces de inmigración e implementó una variedad de estrategias diferentes destinadas en parte a reducir el atraso, éste creció mes con mes.
“Algunos de los cambios de Trump en las operaciones judiciales posiblemente ralentizaron el procesamiento de casos.
Sin embargo, el principal impulsor de la explosión de los retrasos no fue solo la falta de jueces de inmigración, sino el tsunami de nuevos casos presentados ante los tribunales por el Departamento de Seguridad Nacional”, afirma TRAC.
Advierte además, que incluso si la administración de Biden detuviera la aplicación de la ley de inmigración por completo, se necesitarían más de los cuatro años de su presidencia para que se completen los casos pendientes y los que se vayan acumulando.
“Al lidiar con las decisiones que darán forma a las políticas de inmigración en el futuro, esta gigantesca acumulación de casos en espera de resolución es una parte importante del legado del presidente Trump. El presidente Biden ahora debe considerar cómo su administración puede abordar con éxito este atraso, algo que las administraciones anteriores han encontrado como un problema perenne y aparentemente insoluble”, subraya la organización estadounidense.
Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca se trató de acelerar los procesos de asilo de centroamericanos, quienes en el gobierno de Trump fueron regresados a México en lo que se resolvía su juicio.
Al retraso de los tribunales en los casos de asilo se debe de sumar el aumento de intentos de ingresar a Estados Unidos sin documentos migratorios. El viernes pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en marzo pasado se detuvieron a 171 mil migrantes indocumentados en la frontera sur de aquel país, la cifra más alta desde 2006.
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