El Ejecutivo federal prepara una reforma para castigar el “fraude electoral genérico”, figura que no existe en leyes mexicanas y que se usa en más de 200 maneras desde el embarazo de urnas hasta la compra de votos hasta trampas’ como la Ley Bonilla, que echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En entrevista con El Sol de México el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, adelantó que está en proceso una reforma para crear el delito de fraude electoral genérico, que no existe hasta hoy en la ley, y que al establecerse pueda crearse una estructura jurídica para penalizar acciones que han resultado reprobables.
“Esta reforma está en el Senado de la República y la estamos empujando como una iniciativa del Ejecutivo”, dijo el Fiscal Electoral que es autor de los libros “La democracia que viene’’ y “Reflexiones privadas y testimonios públicos”.
Según los especialistas, el fraude genérico, o simplemente fraude, es todo aquél delito en que alguien consigue un lucro o beneficio a costa de hacer caer en el engaño o error (actitud dolosa) a la víctima.
CASTIGO A LAS TRAMPAS
En ese sentido, detalló Ortiz Pinchetti, con la reforma genérica electoral también se busca cerrar puertas a trampas electorales. “Existen muchos delitos electorales fragmentados en la ley, pero no existe el delito de fraude electoral, el delito genérico de fraude electoral”, insistió.
“Ha sido la vieja táctica que se siguió cuando el PRI tenía la mayoría y estaba coludido con el PAN para hacer mayoría; entonces la técnica que usaron fue fragmentar los delitos. Hay 20 o más figuras delictivas, de las cuales se pueden extraer más de 200 tipos, pero no existe un fraude genérico como tal”.
Por eso queremos una reforma para que ese delito si exista, cerrar esa vía para las “trampas”.
Ortiz Pinchetti, exconsejero ciudadano del extinto Instituto Federal Electoral, recordó que los priistas hacían trampas en todas las elecciones; con delitos, no solo fragmentados, sino con penas muy reducidas. Eso se tiene que modificar, recomendó.
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INDEPENDENCIA DE LA SCJN
Respecto a la Ley Bonilla y a los diputados locales que votaron ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador de Baja California –Jaime Bonilla Valdez-, aclaró que constitucional o un fraude postelectoral, “estamos seguros que no existe ningún delito electoral y tampoco vemos un delito de otra naturaleza”.
Sin embargo, Ortiz Pinchetti, de profesión Maestro en Derecho Económico y catedrático de la Universidad Iberoamericana, destacó el carácter contundente y el gran apoyo público que ha tenido la sentencia de la SCJN en la Ley Bonilla, “por lo que hace necesario que se prevea un tipo específico para cuando las instituciones o las leyes son utilizadas para violar el espíritu de la ley o el espíritu de la Constitución”.
“La SCJN demostró que está adquiriendo una gran consistencia, una gran independencia y que hay una novedad importante en el horizonte de las instituciones mexicanas.
“Que la justicia no se detenga ante los intereses políticos, de grupos de poder, partidos políticos o de otros, en ninguna parte del país”, apuntó.
-¿A los exdiputados locales de Baja California se les puede acusar?
No, porque no existe delito, ellos actuaron de acuerdo a las instituciones, probablemente actuaron en contra del derecho, en contra del espíritu del derecho, pero a ellos no se les puede acusar.
-¿Ni aunque se demuestre que recibieron dinero?
Podría haber alguna responsabilidad administrativa, pero no es fácil encuadrarlos en una responsabilidad penal, electoral o general, se tendría que comprobar que hubo corrupción, que hubo dinero y eso no será tan fácil. Están ahí involucrados diputados de todos los partidos políticos.
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