El coordinador de diputados de Morena, Mario Delgado, negó que exista un choque con el sector empresarial, luego de que se decidió cancelar la construcción del aeropuerto internacional ubicado en Texcoco.
En un debate en el programa Despierta con Loret, en el que participó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dijo que hablarán con los mercados pues “vienen cosas buenas para México”.
Añadió que para los mercados se dará certeza sobre el tema de las consultas, para lo cual ya se entregó una iniciativa al Congreso, además de que se prepara un presupuesto responsable, en donde no habrá más endeudamiento.
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Asimismo, comentó, se mantendrá el equilibrio macroeconómico en el país, aunado a que ya se revisa el gasto público, con el objetivo de que ya no crezca más el gasto improductivo, y se tengan los recursos necesarios para impulsar proyectos de infraestructura y sociales.
De igual forma, comentó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “prometió que no se van a aumentar los impuestos, no hay mejor noticia para los empresarios que esto”.
Por su parte, Gustavo de Hoyos refirió que, por parte de la Coparmex, cada buena acción del presidente electo contará con el apoyo del sector, como el caso del combate a la corrupción o tener un presupuesto equilibrado.
Sobre los resultados de la consulta, Delgado explicó que es un periodo de transición donde ya no va a valer la corrupción o el “influyentismo”, donde desmontar un régimen siempre va a tener costos transitorios, pero en el largo plazo el país mejorará y será más atractivo si no hay corrupción.
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También, dijo, manda un mensaje de que se va a instalar la democracia participativa en el país, aún con las restricciones que se tienen, pero la legitimidad de la decisión no proviene solo de la consulta, sino de una elección contundente.
Comentó que existen restricciones para construir un aeropuerto en la ciudad de México, donde el lago de Texcoco sería como un riñón para el Valle de México, “entonces parece que las consecuencias no se midieron bien”.
A su vez, el representante del sector expuso que los mexicanos están preocupados por esta decisión, la cual tendrá un costo de 290 mil millones de pesos, y que de concretarse, “sería el acto de despilfarro de recursos públicos más grande de la historia de este país”.
Dicho monto, explicó, es el equivalente a 32 años de sueldo del presidente electo López Obrador, que se destinará a pagar lo invertido, así como daños y perjuicios, por lo que son recursos que práctimanete serán tirados a la basura.
Asimismo, destacó que sólo el costo por indemnización es de 120 mil millones, más de lo que costaría la construcción del Tren Maya, o mover las dependencias a otros estados o lo que cuesta el programa “Jóvenes construyendo el fututo”.
Por lo que el representante empresarial hizo un llamado a que revalorar la decisión, pues lo más importante que un jefe de Estado puede entregar a los ciudadanos es certidumbre y Estado de derecho, puntualizó.
