Los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción se culpan entre sí por la inoperancia de este órgano, el cual a casi dos años de su creación permanece incompleto y sin una Política Nacional en la que se defina cómo combatir estos delitos, la cual debió estar lista desde su primer año en funciones y es responsabilidad de su órgano de gobierno.
Luego de que la presidenta del Comité Coordinador, Mariclaire Acosta, considerará que el SNA no ha tenido avances relevantes; el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, dijo que por su parte ha emitido “un voto bien calibrado” y señaló que “no ha habido pasividad”, sino “creatividad”, por lo que no debe parecerle a nadie “un fiasco o una farsa”.
Dante Preisser Rentería, titular de vinculación del SNA, responsabilizó de los rezagos a la presidencia del Comité Coordinador, pues los demás órganos integrantes sí han cumplido con los retos a lo largo de las presidencias de Jacqueline Peschard y Mariclaire Acosta, mientras que el Comité de Participación Ciudadana se retrasó más de un año para presentar una propuesta que aún no ha sido aprobada por los siete integrantes del SNA.
“Cuando decimos qué ha hecho el Sistema Anticorrupción, únicamente nos fijamos en las decisiones que pudo haber tomado el Comité Coordinador que es la cara más visible del sistema, pero detrás del esfuerzo del Comité Coordinador, en cada una de las instancias que conforman el Sistema Anticorrupción y me refiero no sólo a las federales, sino a cada entidad federativa, hay un esfuerzo sin precedentes para transformar institucionalmente sus mecanismos internos para adecuarse una reforma tan ambiciosa constitucional como lo es”, reviró.
Sin embargo, Areli Cano, excomisionada del INAI y actual asesora de la Auditoría Superior de la Federación, aplaudió los exhortos que ha hecho en estos dos años el Comité de Participación Ciudadana, del que también es presidenta Mariclaire Acosta, para que el Senado de la República designe al Fiscal Anticorrupción y a los 18 magistrados especializados, sin los cuales el Sistema Anticorrupción no puede iniciar acciones penales contra esos delitos.
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