En los últimos cinco años y medio, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF) sancionó a 117 jueces y magistrados por caer en irregularidades en sus funciones; las sanciones que recibieron van desde la amonestación, suspensión de funciones por hasta 10 años, apercibimiento o despido.
En este periodo, han habido casos sobresalientes como el del juez Efraín Cázares López, a quien le fueron detectadas inconsistencias en su evolución patrimonial; el magistrado Jorge Figueroa Cacho, por “haber incurrido en probables conductas delictivas”; la suspensión del juez Anuar González Hamedi, quien concedió un amparo a Diego Cruz, joven implicado en el caso de los Porkys de Costa de Oro; y el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, a quien la judicatura federal resolvió destituir por beneficiar a miembros del crimen organizado.
Estadísticas del Poder Judicial de la Federación señalan que en 2012 fueron sancionados 17 magistrados y dos jueces, en 2013, tres magistrados y 16 jueces, al siguiente año, fueron sancionados 15 magistrados y 14 jueces, y en 2015 se reportaron 23 jueces y magistrados sancionados.
El año pasado el poder judicial de la federación informó que fueron sancionados 11 magistrados y 14 jueces, y en lo que va de este año han sido sancionados dos jueces.
Cada año, el órgano de administración, vigilancia y disciplina, somete a diversas revisión a los 42 mil 660 servidores públicos que conforman el poder judicial del federación.
En general, el poder judicial está compuesto por mil 311 titulares de órganos jurisdiccionales, esto es, 860 magistrados de circuito y 451 jueces de distrito repartidos en 32 circuitos judiciales federales distribuidos en todo el territorio nacional.
2012
En el informe anual de labores 2012, el Consejo de la Judicatura Federal informó que 464 servidores públicos fueron sometidos a sanciones administrativas, suspensión, amonestación y apercibimiento. De este total 17 magistrados de circuito y dos jueces de distrito recibieron sanciones de diversas índoles, como suspensión de tres y un mes por incumplimiento de disposiciones relacionadas con el servicio público y falta de profesionalismo.
En 2012, Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, inició una investigación contra el Juez de Distrito titular del Juzgado Noveno del Distrito Federal, y a un Secretario, en razón de las diversas notas periodísticas, en las que se refirió a un Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa que llegó a depositar en su cuenta personal de ahorros la cantidad de 432 millones de pesos.
Este año, el consejo informó de la destitución de manera definitiva al juez del llamado michoacanazo, Efraín Cázares López, por considerar que incurrió en faltas graves a su labor jurisdiccional.
2013
En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal, llevo a cabo verificación de situación patrimonial detectando que de 305 servidores públicos, incluyendo jueces y magistrados, 139 arrojaron irregularidades en sus cuentas bancarias. Las sanciones impuestas por las contralorías a servidores públicos del poder judiciales de la federación, señalan que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue inhabilitado una persona y dos más en la judicatura federal, y dos en tribunal electoral.
Respecto a magistrados, solo dos de ellos recibieron amonestación y uno más un apercibimiento, sin que se registrara ninguna destitución. La situación de los jueces fue diferente, ya que el consejo destituyó a dos, inhabilitó a dos más, suspendió a uno más, cuatro más recibieron amonestación, y 7 fueron apercibidos.
2014
En su informe anual de labores 2014, la secretaria ejecutiva de disciplina impuso 111 sanciones disciplinarias a servidores públicos: 21 apercibimiento privados, 12 apercibimientos públicos, dos amonestaciones privadas, 15 amonestaciones públicas, 29 suspensiones, 13 inhabilitaciones, ocho destituciones y 11 sanciones económicas.
De ellos 15 fueron magistrados de Circuito y 14 jueces de Distrito, que recibieron suspensiones, amonestaciones y apercibimientos. El 14 de julio de 2014 el CJF informó que presentó denuncia ante la PGR contra el magistrado suspendido Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por probables delitos en la tramitación y resolución de 12 tocas penales y juicios de amparo, y “por haber obtenido ingresos distintos a los que por razón de su encargo le correspondían”.
También contra el magistrado suspendido Jorge Figueroa Cacho, por “haber incurrido en probables conductas delictivas derivadas de operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales con empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas del estado de Jalisco”.
2015
En 2015 en el registro de servidores públicos sancionados se inscribieron 417 sanciones destacando 14 inhabilitaciones, 11 destituciones del puesto, 28 suspensiones 14 sanciones económicas 66 amonestaciones públicas, 41 amonestaciones privadas siete apercibimiento públicos y 236 apercibimientos privados.
De estas sanciones 23 fueron para magistrados y jueces y 32 personal alterno, las sanciones a los titulares (jueces y magistrados) se llevaron a cabo 3 destituciones.
De igual forma, se elaboraron 376 dictámenes respecto de 596 incumplimiento en la presentación de declaración de situación patrimonial, 558 estudios de evolución patrimonial d servidores públicos de órganos jurisdiccionales auxiliares y administrativos del consejo de la Judicatura federal.
2016
En 2016, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Poder Judicial de la Federación, Luis María Aguilar Morales, señaló como errónea la percepción de que el CJF no sanciona a los malos servidores públicos, pues de la disciplina depende la credibilidad del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus resoluciones, informando que fueron sancionados 63 funcionarios, entre ellos 11 magistrados y 14 jueces federales, y fueron destituidos dos jueces de distrito algunos por “conductas indignas e intolerables para seguir en el cargo”.
Al rendir su informe de labores 2016, dijo que la legitimidad de los jueces está fincada esencialmente en su actuación honesta y por tanto acatable; tolerar a alguno de estos corruptos es ir en contra la naturaleza de un impartidor de justicia, es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial federal, es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”.
Este año, el CJF informó que impuso 16 sanciones por acoso laboral y sexual y una inhabilitación.
2017
Hasta junio del 2017, el Consejo de la Justicia Federal informó de dos casos. El primero fue registrado en marzo pasado, cuando el juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hamedi, concedió un amparo a Diego Cruz, joven implicado en el caso de Los Porkys de Costa de Oro.
El pleno del CJF decidió suspenderlo indefinidamente para iniciar una investigación luego de emitir una sentencia en la que consideró que Diego Cruz no tuvo intención de copular con la entonces menor de edad Daphne, pese a que le hizo tocamientos vaginales, por lo que no había elementos suficientes para juzgarlo por pederastia.
Otro caso fue el del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, a quien la judicatura federal resolvió destituir por beneficiar a miembros del crimen organizado.
Se incluye la liberación de Archivaldo Guzmán el Chapito, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán; absolvió a Jesús Zambada García el Rey Zambada por el delito de posesión y tráfico de drogas; a Sandra Ávila Beltrán la Reina del Pacífico, y a su novio Juan Diego Espinoza el Tigre.
La judicatura detectó que el magistrado realizó movimientos bancarios por tres millones de pesos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales.
