La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de amparar al académico y periodista Sergio Aguayo Quesada en contra de una demanda que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, interpuso en su contra por daño moral.
El proyecto de sentencia, que fue elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, proponía desde un principio a
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Esto debido a que sus dichos son opiniones que se basan en datos fácticos verificados y del conocimiento público, lo que en el caso en específico resultó apto para considerar que, detrás de la opinión existió un razonable, diligente y acucioso ejercicio de investigación y comprobación de los hechos que le sirvieron de fundamento.
De esta manera, por unanimidad de votos la Primera Sala determinó amparar al periodista y cancelar el pago por 10 millones de pesos que el exgobernador exigía por parte de Aguayo.
La disputa legal entre Moreira y Aguayo comenzó en julio de 2016, meses después de que Aguayo publicara una columna de opinión publicada en dos periódicos y en su cuenta personal de Twitter en la que calificaba al exmandatario como “un político que desprende el hedor a corrupto”.
En primera instancia Aguayo consiguió una sentencia absolutoria a su favor, pero años después la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decidió dejar sin efecto ese recurso y dictó una nueva sentencia a favor del priista en 2019.
Esta última resolución fue en la que se impuso a Aguayo pagar un total de 10 millones de pesos al exgobernador por haber lesionado el patrimonio moral de Moreira, y que determinaba que en caso de no pagar le sería embargado todos sus bienes.
De acuerdo con Artículo 19 y Amnistía Internacional, organizaciones que han acompañado a Aguayo en su litigio, Aguayo pagó ya 450 mil pesos para obtener más tiempo y poder tramitar un amparo directo para que la SCJN atrajera el caso.
Así, el 29 de julio de 2020 el Máximo Tribunal del país determinó atraer el caso al considerar que el asunto planteado reúne las características de interés y trascendencia, pues al resolverlo podría pronunciarse sobre cuestiones constitucionales y aspectos trascendentes en materia de legalidad, así como libertad de expresión y derechos a la imagen, honra y honor de particulares.
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