A casi un año de girar órdenes de aprehensión en su contra, la Fiscalía General de la República (FGR) logró detener a nueve policías de Guerrero implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de siete elementos de la Policía de Guerrero y dos más municipales, quienes se encuentran imputados del delito de desaparición forzada.
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De acuerdo con fuentes federales, fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, quienes cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de los policías locales con el apoyo de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los agentes Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sanchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jimenez Morales, Alberto Chávez Álvarez, todos estatales, fueron detenidos esta tarde en Chilpancingo.
Mientras que los policías municipales Navis Mayo Zúñiga e Imer Mayo Zúñiga fueron capturados en el transcurso del martes en Iguala.
Con sus detenciones suman al menos 15 personas detenidas en el último año por la privación de la libertad y eventual muerte de los jóvenes estudiantes el 26 de septiembre de 2014.
En agosto de 2022, la FGR solicitó girar 83 órdenes de aprehensión en contra de mandos militares personal adscrito a los batallones 27 y 41 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como 26 policías municipales de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, y 11 elementos estatales.
Posteriormente, la Fiscalía se desistió de cumplimentar 21 de los mandamientos judiciales, principalmente en contra de los elementos de la Sedena, sin embargo, antes ejecutó las capturas del general José Rodríguez Pérez –acusado de delincuencia organizada por su presunta relación con el grupo conocido como Guerreros Unidos–; del capitán José Martínez Crespo, del subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa; y del sargento Eduardo Mota Esquivel, a quienes se les acusa de desaparición forzada.
También se encuentra preso por este caso el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien es imputado por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia y que actualmente se encuentra internado en la Torre Médica del Penal de Tepepan debido a sus recientes problemas de salud.
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Antes de las conocidas hoy, la captura más reciente fue la de Alejandro Tenescalco, exmando policial de Iguala que se desempeñaba como supervisor durante la noche en la que los 43 jóvenes estudiantes fueron atacados por los elementos a su cargo. Considerado por el gobierno federal como una de las “piezas clave” en el caso, permaneció prófugo de la justicia durante ocho años hasta enero pasado cuando fue detenido y deportado por las autoridades de Estados Unidos.