Miguel Angel Jorge Narváez, director de Observatorio Ciudadano de Tabasco, urgió al gobierno estatal dar conocer el plan integral en materia de seguridad pública con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Esto no sólo para disminuir los altos índices delictivos, sino también para permitir el establecimiento de protocolos como el de agresión contra periodistas y contra las mujeres.

“Observatorio siempre ha pedido a las autoridades que se presente el programa integral de seguridad, ahí debe venir el protocolo para los medios de comunicación, así como el cuidado que debe tener y los ciudadanos también”, aseveró.

De este modo, coincidió con algunos representantes del sector empresarial que consideran que no se cuenta con un plan integral, pese a que es primordial para evitar que sigan subiendo los índices delictivos.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se establezca una Fuerza Civil en el municipio de Centro, comentó que todas las acciones son buenas, pero sería necesario definir quién va e tener el mando de esa fuerza, qué objetivos tendrá y su capacidad de acción, lo cual aún no se conoce.

Para ello, dijo que tiene que haber una reingeniería en la Secretaría de Seguridad Pública porque no puede haber una policía que opere sólo en el municipio de Centro.

En lo que respecta a la Guardia Nacional, aclaró que es una fuerza que va a ver sólo los delitos del orden federal, y no hay que olvidar que en el estado de Tabasco los delitos del fuero común son el 90 por ciento de los ilícitos que se presentan.

“Por ello sentimos que si no hay un plan integral, en qué se va a basar la Guardia Nacional, y no va a pasar nada, como cuando ocurrió con el arribo de la Gendarmería hace unos dos año, que solo tardó un año en la entidad y la incidencia delictiva subió”, afirmó.

Finalmente, insistió en que no debe haber impunidad en el caso del asesinato contra la periodista Norma Sarabia, por lo que además es necesario que los legisladores desempolven una iniciativa que hay en el Congreso local para evitar y combatir agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación.