El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) consideró como una a burla el vídeo que circuló en redes sociales donde se sorprende al secretario de Gobierno, Rosendo Gómez Piedra, realizando compras en un supermercado de la ciudad, mientras a miles de trabajadores del estado no se les ha pagado.

La directora de la organización, Leonor Ramírez Bautista, lamentó la falta de cumplimiento de la actual administración estatal, y consideró necesario que el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, dé la cara y solucione el conflicto.

"Es lamentable que se den estas situaciones que obligan a los trabajadores a cerrar vías, reclaman un dinero que ya trabajaron, pero es resultado de la mala administración que desde el principio ha demostrado este gobierno", aseveró.

La activista señaló que esa es una clara violación de los derechos de miles de trabajadores, que no tienen los recursos ni siquiera para llevar un plato de comida a sus familias en esta Nochebuena.

Añadió que mientras el panorama es devastador en varios sectores del estado, el Congreso “de la cuarta transformación” se atrevió a aprobar la cuenta pública de 2017 del gobernador Arturo Núñez Jiménez, dando cuenta de la vieja práctica en donde los gobiernos salientes y entrantes se cuidan la espalda.

“Lo preocupante es que el congreso de la cuarta transformación aprobó las cuentas públicas del periodo 2017 del actual gobernador, entonces, estamos viendo esa tendencia de otros gobiernos en donde unos con otros se cubren las espaldas”, abundó.

Finalmente, delineó que tanto el Gobierno del estado como los funcionarios que lo conforman no han dejado otra opción a los ciudadanos y trabajadores del estado, que por más que piden mesas de negociaciones para solucionar sus demandas, solo se tratan de simulaciones en donde no hay resultados positivos, orillándolos a cometer actos como el arriba mencionado, en donde la esposa del gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, estuvo retenida por más de seis horas.

“El gobernador y sus distintos funcionarios no dejan otra opción a los afectados, o cuando no se garantiza un derecho, es la última para que los volteen a ver, porque se piden audiencias, mesas de negociaciones y son mera simulación”, concluyó.