Ante la polémica generada, la diputada del PRD, Patricia Hernández Calderón, señaló que de manera oficial llamará a comparecer al Congreso local al director del ISSET, Fernando Mayans Canabal, para que aclare la asignación directa de contratos por 48 millones de pesos a la empresa CM del Golfo.
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En entrevista explicó que solicitará formalmente que el funcionario comparezca para que esclarezca la asignación directa de estos contratos.
“Lo vamos a citar ante el pleno para que acuda con documentos y explique claramente lo que está pasando. Creo que en alguna manera lo sentí sorprendido de todas las cosas que estaban pasando y tiene que checar bien los documentos para darnos una explicación”, apuntó
La también coordinadora de la bancada perredista, indicó que es un tema muy sensible la adquisición de estos equipos médicos, pero que no puede negar que ella cuando empezó la pandemia compró un termómetro casi en mil pesos.
“Sinceramente creo que es el momento de que se aclaren estas cosas… para que dejarlas al aire y que generan dudas. La comparecencia la platique ya con algunos compañeros y en eso estamos”, acotó.
En la víspera, Mayans Canabal admitió que la dependencia a su cargo sí extendió contratos para la adquisición de medicamentos y material hospitalario a la empresa CM del Golfo, que encabeza José Rubén Ferrer del Río, primo del titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar.
Mencionó que en la emergencia por atender a los enfermos de SARS-CoV-2, el gobierno federal y el estatal publicaron sendos decretos para contener la pandemia, mediante la adjudicación directa por extrema urgencia en la adquisición de material y equipos, y en el caso de Tabasco, precisó, se imprimió en el Periódico Oficial del Gobierno del estado.
Justificó que los decretos indican que se pueden adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional e internacional, como equipos médicos, o agentes de diagnósticos, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que sean necesarios para hacer frente a la contingencia sin la necesidad de llevar acabo un procedimiento de licitación pública.