El Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco se mantiene, a tres años de su creación, operando como un “elefante blanco”, pues aunque recibe recursos millonarios, lo cierto es que hasta ahora no ha emitido información sobre investigación alguna, además de que su titular, Milelily Wilson Arias se encierra "a piedra y lodo" para no dar declaraciones.
- Síguenos en Facebook: @elheraldodetab y en Twitter: @heraldodetab
En tanto, a pesar de las múltiples denuncias de desvíos de recursos públicos, el organismo no ha dado resultados que lleven a proceso a algún servidor público; y contrariamente, se ha visto envuelto en señalamientos de protección a exfuncionarios, sorpresivas renuncias y salarios excesivos, y que para este año, la Secretaría Ejecutiva recibió un presupuesto de 22 millones de pesos.
En 2019 fueron también otros 22 millones, en números redondos y en 2018 le fueron autorizados 25 millones, es decir que en los últimos tres años habrá "chupado" alrededor de 70 millones de pesos que no han redundado en resultados satisfactorios en el combate a la corrupción.
Y es que el órgano autónomo permanece hasta ahora indiferente a los actos de corrupción que dieron lugar a investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad en contra de exfuncionarios de la administración de Arturo Núñez Jiménez.
Como dato, cabe mencionar que hasta diciembre del 2018 habían al menos seis carpetas de investigación contra de 11 funcionarios públicos de Tabasco por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad.
Fueron documentados los desvíos de recursos de diversas dependencias cometidos en el gobierno anterior, como la compra de un dron para la SSP a un precio excesivo y que nunca operó; el "préstamo" de 30 millones a la Unión Ganadera Regional, cuya demanda fue presentada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal; la entrega como "renta" a un precio risiblemente bajo de la finca Las Lilias, y las que se generaron por la cuenta pública interpuestas por el Organo Superior de Fiscalización (OSF).
En contraste, han causado polémica los altos salarios de quienes conforman el Comité Ciudadano Anticorrupción, que en alguna ocasión llegaron a oscilar entre los 95 mil y los cien mil pesos, y que ahora rondan los 50 mil pesos aproximadamente.
DATOS DE IMPORTANCIA
- Hasta diciembre del 2018 habían al menos seis carpetas de investigación en contra de 11 funcionarios por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad.
- El Sistema Estatal Anticorrupción ha levantado polvareada en la opinión pública por sus excesivos salarios, lo cual derivó en renuncias.
Sin embargo, pese a sus altas percepciones, no se ha sabido de que los integrantes de Anticorruopción estén ejecutando un procedimiento vigente contra algún funcionario o exfuncionario por malversación de los recursos públicos.
Cabe recordar que en julio del 2017 el Congreso local aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción la Ley de Justicia Administrativa, y la Ley de Fiscalización del Estado, así como la reforma y derogación a diversos artículos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, a propósito de la entrada en funciones del organismo en cuestión.
De ahí fueron creados la Fiscalía Estatal Anticorrupción, el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva a los que se destinan millonarios presupuestos anuales que hasta ahora no han sido justificados con resultados por quienes lo integran.
No combaten corrupción... pero generan escándalos
Además de enfrentar severas críticas por su ineficiencia, el Sistema Estatal Anticorrupción ha levantado polvareda en la opinión pública por sus excesivos salarios, lo cual derivó en renuncias; la del secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, Víctor Ernesto López Aguilera, quien tenía un salario de 98 mil pesos al mes.
Tras ser exhibidos por el gobernador Adán Augusto López, posteriormente renunció el presidente del Comité Ciudadano, Rafael Escalante López, quien percibía un salario de 110 mil pesos, así como de Felícitas del Carmen Suárez, quien ganaba 95 mil pesos.
