El gobierno de Tabasco se encuentra entre las 19 entidades del país que no han transparentado su proceso de compras y licitaciones en lo que va de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19.
Con ello, la entidad estaría violentando la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ya que también el Congreso local emitió un Decreto donde le da libertad de realizar compras directas a las secretarías de Salud, Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, así como la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
Lo anterior en base al reciente reporte de las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil, que establecieron que 19 estados se resisten a publicar en sus páginas de Internet la información sobre los recursos públicos que han ejercido para hacer frente a la pandemia de Covid-19, en tanto que los 13 restantes han informado gastos por más de 8 mil millones de pesos.
Al referirse a los gastos que han hecho las entidades federativas a cinco meses del primer caso de coronavirus detectado en el país, las organizaciones que monitorean el uso de recursos públicos a través del mecanismo denominado Susana Vigilancia identificaron que 13 estados han gastado 8 mil 168 millones 902 mil 108 pesos.
Se trata de Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, los cuales han hecho público al menos el monto de las contrataciones en la compra de bienes y servicios para atender el Covid-19 y sus efectos económicos.
Cabe señalar que Nuevo León es el que más ha gastado, con 2 mil 98 millones de pesos, seguido de Ciudad de México, con mil 739 millones de pesos, y Estado de México, con mil 533 millones de pesos.
A raíz de la pandemia, Transparencia Mexicana y Tojil activaron el Mecanismo de seguimiento a planes, programas, recursos y acciones, conocido como Susana Vigilancia, para identificar los contratos y adquisiciones que han realizado los gobiernos estatales en el marco de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales.
No obstante, 19 estados siguen sin publicar en micrositios la información sobre los recursos públicos ejercidos a través de contratación de bienes o servicios en sus micrositios oficiales de COVID-19.
De acuerdo a estas organizaciones, la publicación de las adquisiciones y obras no es optativa. Es una obligación señalada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Cabe señalar que 13 entidades federativas publican ya información para conocer qué bienes y servicios han adquirido en el marco de la pandemia. Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas hacen público al menos el monto de las contrataciones en la compra de bienes y servicios para atender COVID-19 y sus efectos económicos. El monto acumulado de las 13 entidades alcanza más de 8 mil 160 millones de pesos ($8.168.902.108,14).
De los trece estados que publican la información sobre contrataciones, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora integran en sus micrositios la información en formato de “datos abiertos” de acuerdo con lo que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se entiende por datos abiertos a los datos accesibles en línea con las siguientes características: accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquina, en formatos abiertos y de libre uso.
Ante las recientes controversias sobre bienes y servicios adquiridos con sobreprecio, Transparencia Mexicana y Tojil recordaron que la opacidad es un riesgo adicional cuando se trata de contrataciones de emergencia.
Transparencia Mexicana es la oficina en México de Transparencia Internacional. Tojil es una organización civil mexicana especializada en el análisis y definición de estrategias contra la impunidad.