Después del escándalo de la llamada estafa maestra, en la que se vieron involucradas diversas universidades del estado Tabasco, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad (MCCI), pretendió sin éxito, seguir el rastro de otros mil 100 millones de pesos sin comprobar por las diversas instituciones en el 2018.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, como parte de la llamada Estafa Maestra, irregularidades en la Cuenta Pública 2013 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), cuando era rector José Manuel Piña Gutiérrez, por más de mil millones de pesos en contratos firmados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); el organismo revisor de la Federación turnó al órgano interno de control de la UJAT dichas las observaciones para que se deslindaran responsabilidades.

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En su momento, Rubén Martín Aguilar Lara, encargado de enlace en la Contraloría General de la UJAT, informó que después de investigar los expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidad turnados por la ASF, se determinó la inexistencia de responsabilidad administrativa de tres servidores públicos involucrados.

El trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, realizado a una década de la llamada Estafa Maestra, muestra que las irregularidades del manejo de los recursos públicos por parte de las universidades del estado y de otras instituciones de educación continúa, ya que en la Cuenta Pública 2018, la ASF observó la falta de contratos, montos, razón social, RFC, descripción, facturas, cuenta bancaria, y banco de proveedores a los que se les pagó mil 161 millones 646 mil pesos.

Entre las instituciones observadas en 2018 se encuentran la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) con 133 millones 557 mil pesos, el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) con 60 millones 174 mil pesos, el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSR) con 46 millones de pesos y el Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSCe) con 27 millones 574 mil pesos.

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Así mismo, en el listado de las dependencias que ejercieron recursos federales sin comprobar, hasta el día de hoy se encuentran la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) con 12 millones 616 mil pesos, y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) con 12 millones 973 mil pesos.

A tres años del registro de las nuevas irregularidades detectadas, se desconocen las acciones emprendidas por la ASF para deslindar responsabilidades ante el mal manejo de los recursos públicos, mientras que José Manuel Piña Gutiérrez, lejos de la rectoría, continúa impartiendo clases en la Universidad que manchó y otro de los implicados en contratos irregulares con Pemex en la Estafa Maestra, Fernando Calzada Falcón entonces titular de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se ostenta como Director de Finanzas del Ayuntamiento de Centro que preside Yolanda Osuna Huerta.

No hay interés de las autoridades estatales por aclarar el destino del recurso

El trabajo publicado por MCCI, detalla el "pantano de irregularidades" en las que se vieron envueltas al menos 37 instituciones de educación superior y medio superior, entre las que resaltan el Instituto Tecnológico de Comalcalco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Tecnológica de Tabasco, marcadas por la llamada "Estafa Maestra". Las escuelas superiores, sin embargo, no son las únicas señaladas de no rendir cuentas sobre el dinero que ejercieron.

En las auditorías de gasto federalizado de 2018, Tabasco formó parte de los cinco estados con más dinero observado por la ASF. Hasta el último corte realizado el 31 de enero de 2023, de los 12 mil 133 millones pesos observados a las entidades públicas estatales, 11 mil 322 millones no se habían recuperado, señaló el reportaje.

El daño mayor a la Hacienda Pública Federal se dio en los gobiernos de Andrés Granier Melo y Arturo Nuñez Jiménez, siendo 2018 el último año del perredista. Sin embargo, hasta la fecha los principales involucrados en este fraude no han sido sancionados y gozan de total impunidad y mucho menos se les ha obligado a resarcir los daños para recuperar los recursos que tanta falta hacen a las instituciones educativas.

Sobre todo porque los alumnos, docentes y personal administrativo de estas escuelas de educación superior siguen pasando carencias y necesidades, resultado de los malos manejos y desvío de los recursos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) o bajo contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el ejercicio fiscal 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dió a conocer que universidades, tecnológicos y hasta planteles de nivel bachillerato figuraron en la lista de organismos que gastaron más de mil 765 millones de pesos.

El órgano fiscalizador precisó que estas instituciones gastaron más de 435 millones, pero han pasado ya un lustro y no se ha aclarado el destino de esos recursos. El asunto duerme el sueño de los justos en manos de la ASF, lo peor de todo es que ni las propias autoridades estatales se preocupan por exigir avances para que haya un resarcimiento de daños al sector educativo.

En su momento, el ahora secretario de Gobernación y entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández señaló que la investigación es facultad de la Auditoría Superior de la Federación. Lo cierto es que tampoco su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, quien hoy gobierna la entidad muestra interés y no hay justicia para las universidades y planteles de bachilleres.

MCCI envió alrededor de 300 solicitudes de información en las que la Secretaría de Gobierno se declaró incompetente, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública remitieron a la herramienta de consulta pública de auditorías y la Tesorería de la Federación señaló que aunque es la entidad que recibe el dinero recuperado, no tiene forma de especificar que quién fue el ejecutor de gasto fue quien lo depositó.

Con respecto al estado de los 58 pliegos de observación y solicitudes de aclaración a Tabasco en la Cuenta Pública 2018, el estado actual es “en seguimiento” y no existe ninguna denuncia interpuesta a la fecha.

Con información de Jesús Domínguez