Una pinta más al tigre. Además de los escándalos por los señalamientos de corrupción y desvíos de recursos durante la administración del exgobernador de Tabasco Arturo Núñez, ahora se suma uno más. En el año 2015, su gobierno adquirió equipo de espionaje, cuyo proveedor fue la empresa Elite by Carga.

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La cloaca se destapó luego de que el pasado 15 de febrero de 2022 ante una corte federal de Estados Unidos, el dirigente de dicha empresa, el empresario Carlos Guerrero, admitiera su culpabilidad por la venta de equipo de espionaje a diferentes gobiernos estatales del país, incluido el de Tabasco en el año 2015 durante la administración nuñista. El sistema adquirido fue Remote Control System (RCS).

En su declaración Guerrero aceptó haber negociado a pesar de saber que dicho equipo tendría un uso ilegal por parte de los gobiernos, ya que la finalidad del sistema era espiar a sus adversarios políticos.

El equipo de espionaje vendido por Elite by Carga entre 2014 y 2015 a los gobiernos de Baja California y Durango fue el de la firma italiana Hacking Team, y de acuerdo a la declaración de Carlos Guerrero, admite tener conocimiento de que esos sistemas de vigilancia “podían y probablemente serían utilizados con fines políticos”; confesó además haber ayudado a un presidente municipal del estado de Morelos a acceder de manera ilegal a cuentas de correo y redes sociales de un rival político.

Para 2016 y 2017, el empresario señaló haber comercializado bloqueadores de señal, herramientas de intercepción de WiFi, antenas apócrifas de telefonía móvil (IMSI catchers), además de lograr la capacidad de hackear mensajes de WhatsApp de clientes prospectivos en Estados Unidos y México. También usó las tecnologías de vigilancia vendidas a los gobiernos con fines comerciales y personales a clientes privados.

Pero las operaciones de Carlos Guerrero en México a través de Elite by Carga y su empresa matriz, Grupo Armor van más allá de los casos que investigó la justicia de Estados Unidos, según lo documentado por la organización mexicana R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, a partir de filtraciones realizadas por Wikileaks en 2015 a los correos electrónicos internos de Hacking Team.

De esta manera, se pudo reconstruir no sólo los casos de Baja California y Durango, sino de sus operaciones de negociación y venta del sistema Remote Control System (RCS) a los gobiernos de Chihuahua, Morelos, Tabasco, Sonora y Yucatán.

Caso Tabasco

De acuerdo a información de R3D, El 29 de enero de 2015, Marco Bettini de Hacking Team relata una reunión con Daniel Moreno, de la empresa intermediaria Elite Tactical, en Milán, Italia, donde ésta solicitó exclusividad para ventas, y platicaron de “nuevas oportunidades” en Sonora, Morelos, Tijuana, Chihuahua y Jalisco.

Carlos Guerrero y Daniel Moreno sostuvieron otra reunión con Philippe Vinci, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Hacking Team, de acuerdo a un correo fechado del 30 de abril de 2015. Aquí, Vinci menciona que pueden “empujar la solución a nuevos clientes” con el apoyo de Moreno para organizar demostraciones de forma rápida.

En su respuesta, Moreno señala que tienen autorización para ofrecer el equipo de vigilancia al gobierno del estado de Tabasco, que en ese entonces era encabezado por el perredista Arturo Núñez Jiménez, y piden que las demostraciones sean realizadas por una persona extranjera, ya que “el idioma vende”. Hacking Team contestó el correo el 5 de mayo dando “luz verde” para proceder con Tabasco, pero le pide reconsiderar la solicitud de un capacitador foráneo.

Gobierno de Núñez negó espionaje

En su oportunidad y ante los señalamientos de los partidos de oposición, el entonces mandatario de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, aseguró que en su gobierno no se espiaba absolutamente a nadie: “La oposición tiene la lengua muy larga y la cola muy corta, ellos presuponen y creo que es al revés; varios de ellos lo hicieron cuando fueron subsecretarios de gobierno, cuando fueron gobernadores, con espionaje y pretende que lo que hicieron ellos, ahora lo repitamos nosotros”.

Núñez Jiménez aseguraba que los equipos que tenían para hacer seguimientos habían sido proporcionados por la Secretaría de Gobernación, y estaban monitoreados tecnológicamente, por lo que sólo podían ser empleados para la persecución de delitos.