Revoca Itaip acuerdo de reserva sobre dron de 12 mdp

Leyda López, comisionada del Itaip, señaló que la Segotab tiene un plazo de 13 días para emitir un nuevo acuerdo

Jesús Manuel Domínguez

  · martes 13 de noviembre de 2018

La Secretaría de Contraloría determinará si se incurrió en una falta y si amerita sanciones, señaló Leyda López. /Iván Sánchez.

Por carecer de fundamentos, el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), revocó el acuerdo de reserva y negativa de información solicitada sobre las características del dron de 12 millones de pesos, que emitióla Secretaría de Gobierno.

En su ponencia, la comisionada Leyda López Arrazate refirió que la dependencia del gobierno estatal negó la solicitud de información en relación al costoso aparato, adquirido con parte del empréstito de 700 millones de pesos solicitados por el Ejecutivo para acciones de seguridad.

López Arrazate explicó que la SEGOTAB no fundamentó debidamente los motivos por los que decide reservar las especificaciones del dron, ante la petición de un particular.

Durante la sesión pública de este lunes, la integrante del Pleno del ITAIP puntualizó que el sujeto obligado debió exponer la situación real o afectaciones que pudieran producirse si se revela la información.

“Por eso, con fundamento en el principio de legalidad propongo a este honorable pleno, que sea revoco el acuerdo de reserva emitido por el sujeto obligado y se dé el trámite, precisando en todo momento que la información tiene el carácter de reservado y lo que tiene que hacer es fundamentar y motivar debidamente el nuevo acuerdo que se pronuncie”, apuntó.

En el mismo orden, puntualizó que la Secretaría de Gobierno a cargo de Rosendo Gómez Piedra tiene un plazo de 13 días a partir de esta resolución del organismo, para emitir un nuevo acuerdo.

Asimismo, Leyda López sostuvo que la Secretaría de Contraloría es la instancia que debe determinar si el exfuncionario incurrió en alguna falta y si amerita sanciones.

Dijo que el ITAIP únicamente cumple con garantizar el derecho a la información que tienen los ciudadanos, y no en los mecanismos de auditorías que tienen las dependencias estatales.