La coordinadora de bancada de MORENA, Beatriz Milland, negó que exista un revanchismo político contra el ex alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, por la auditoría que se solicitó en el Congreso local para que se aclare la contratación de equipos Vactors que se realizó cuando fue presidente municipal.
Lo anterior luego de ser cuestionada sobre si esta investigación que piden, es una respuesta por las críticas que Gaudiano ha hecho en los últimos semanas al gobierno de Tabasco.
Señaló que la bancada de Morena, respalda la propuesta para reactivar esa investigación, por la renta de vactors durante su administración.
Dijo que la iniciativa fue presentado por sus compañeros diputados de Morena, Manuel Gordillo Bonfil y José Concepción García González para que el tema se aclare y precisó que todos los legisladores están en su derecho de poder presentar iniciativas en la materia que ellos crean correspondiente,.
Yo creo que lo que ellos realmente buscan es que se aclare un tema tan controversial y las decisiones que se toman en su mayoría son de la bancada, y nosotros apoyaremos a nuestros compañeros
Los diputados Manuel Antonio Gordillo Bonfil y José Concepción García González, de la fracción parlamentaria de MORENA, presentaron un Punto de Acuerdo, por el que se instruye al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), para que practique una auditoría integral al proceso de contratación de cuatro equipos especiales hidroneumáticos (Vactors) durante la administración 2016-2018 del ex alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa y que en su caso presenten las denuncias administrativas y penales correspondientes.
Estos equipos se adquirieron mediante licitación pública estatal 56064001-002-17, en el mes de marzo de 2017, durante la administración municipal 2016-2018; así como para que, en su caso, presente las denuncias penales, administrativas y resarcitorias que sean procedentes.
Los legisladores comentaron que se denunciaron actos de corrupción y de simulación al detectarse irregularidades en el proceso de contratación y la renta de unidades a sobreprecio o a precios inflados, por un monto total que superaba los 43 millones de pesos, sin incluir IVA, cuando otros proveedores ofrecían el mismo servicio, bajo mejores condiciones y a un costo muy por debajo.