Integrantes de la Alianza de Padres de Familia rechazan las llamadas terapias de conversión.En conferencia de prensa señalan que esto es una intromisión que afecta las libertades de madres y padres de familia y también de familiares, personal de salud, médicos, psicólogos y psiquiatras.
Lee más: ¿Fraude? Padres piden investigar a Egla Cornelio por abandono de escuelas en Tabasco
Integrantes de la alianza como Raúl Álvarez Constantino y María Luisa de la Cruz, se muestran en contra de esta iniciativa que pretende modificar el Código Penal del estado y plantea aplicar de 2 a 5 años de cárcel a quien promueva y aplique cualquier tratamiento que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
Por ello, solicitaron a los diputados que no se legisle sólo por tendencia. Además de que no avalan esta iniciativa que está encaminada sólo a criminalizar a padres y madres de familia por el simple hecho de brindar orientación sexual a sus hijos
“Como padre de familia estamos en la contra de la iniciativa que sanciona las llamadas terapia de conversión ya qué es una intromisión qué afecta la libertad es de madres y padres de familia”, explicaron.
Indicaron que la sanción se aumenta el doble al padre, madre o tutor de persona menor de 18 años que se metan al tratamiento servicios o terapias que pretendan cambiar su orientación sexual o identidad de género e inclusive los autores del delito perderán la patria potestad o tutela según sea el caso.
“Por eso nos sentimos amenazados debido a que nos discriminan a tal punto que una simple plática de orientación sexual con nuestras hijas e hijos o servicios apegados a nuestro criterio ético y moral, podrán ser catalogados como promoción inducción y impartición de prácticas con el fin de cambiar la orientación sexual o identidad de género y podría equipararse a una conducta delictiva”, afirmaron.
Esto a pesar de que los tratados internacionales reconocen el derecho que como padres tienen para orientar, acompañar y garantizar los derechos de sus hijos y cuidar que sus intereses superiores no sean violentados.
Los padres de familia agregaron que hasta este momento no tienen conocimiento de una sola denuncia presentada entre la Fiscalía general del estado y ante la Comisión de Derechos Humanos vinculados al delito que se pretende establecer en el código penal, lo que permite vislumbrar que están en el camino de que se construyen normas para sancionar delitos que no existen.