El 3 de marzo del 2022, los 17 ayuntamientos y el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET) firmaron un acuerdo para la elaboración conjunta de los atlas de riesgos municipales, mismos que estarían terminados en noviembre del 2023; sin embargo, tras realizar modificaciones al convenio, los documentos que buscarán proteger a la población contra algún desastre estarían terminados a finales de septiembre de este año, una semana antes de que se vayan las actuales autoridades municipales.
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En dicho convenio de fecha 3 de marzo del año referido, los 17 municipios del estado se comprometían a participar en la integración de los atlas de peligros en sus demarcaciones, y aportar de forma conjunta 12 millones 170 mil pesos para la elaboración de estos documentos que sirven para conocer el territorio y los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura de un lugar, para con ello establecer programas de acción ante un desastre.
De acuerdo al convenio firmado, se requerirían 20 meses de trabajo en los que al final se entregarían los atlas de riesgos como productos finales. Los 20 meses se cumplieron en noviembre del año pasado, pero estos instrumentos no llegaron.
Sólo 11 de los 17 Ayuntamientos participantes aportaron 7 millones 141 mil pesos, pago que hicieron en el 2022, mientras que los ayuntamientos de Centla, Comalcalco, Cunduacán, Jonuta, Macuspana y Tacotalpa no aportaron un sólo peso de los que se comprometieron.
En el caso del ayuntamiento de Centro, fue el único municipio al que ya se le entregó su atlas municipal de riesgo emanado de este convenio, mientras que los restantes 16 Ayuntamientos esperarán hasta el 30 de septiembre del año en curso, que es la nueva fecha que tiene el IPCET para su entrega, según la información entregada a esta casa editorial por la dependencia que dirige José Tiburcio Solís Martínez.
A unos días de que están anunciadas lluvias intensas en Tabasco, cuando es muy frecuente que se presenten inundaciones, los municipios del estado carecen del instrumento que permite identificar los riesgos a los que está expuesta la población, para con ello crear las estrategias necesarias para reducir los impactos que pudiera causar un desastre.
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Será hasta el 30 de septiembre que se conocerán dichos documentos. Una semana antes de que las autoridades municipales que lo solicitaron dejen sus puestos, y 10 meses después de la fecha original para su entrega.
