Integrantes del Colegio de Abogados Tabasqueños avalaron las reformas al Poder Judicial que planea realizar el Congreso de la Unión, pero piden que esta se haga a fondo y se respete la carrera judicial en el proceso de elección de los jueces.
En conferencia de prensa, Pedro García Falcón, presidente del Colegio, Sergio Antonio Reyes Ramos y Mariel Arroyo Maldonado, entre otros integrantes de este gremio de profesionistas, indicaron que estas reformas deben garantizar que los integrantes del Poder Judicial tengan la capacidad suficiente para el cargo.
Indicaron que están a favor de la reforma al Poder Judicial que planea realizar el Congreso de la Unión, sin embargo, debe haber más claridad en cuanto a la experiencia y capacidad de las personas que podrían participar en las elecciones para convertirse en ministros.
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Para ello, estiman necesario que se establezcan más filtros y requisitos para que algún ciudadano pueda ingresar al Poder Judicial una vez que se apruebe la reforma.
“En cualquier escenario posible, resulta imprescindible perfeccionar la carrera judicial en toda la estructura y al más alto nivel para evitar la improvisación y aprovechar tanto la experiencia como los conocimientos adquiridos en la administración de justicia. En todo caso, debe permitirse la participación de quienes desempeñan actualmente dicha tarea de manera eficiente para no desperdiciar este valioso recurso humano ya formado”, señalaron.
Reyes Ramos y García Falcón mencionaron que esto conlleva paralelamente a garantizar la inamovilidad de los juzgadores, así como hacer efectivo el régimen de responsabilidades penales y civiles de los servidores judiciales que incurran en faltas, de tal modo que se sancione desde el error hasta la negligencia reiterada de jueces y magistrados, partiendo de la ponderación de las sentencias impugnadas, confirmadas o revocadas, según el caso.
“Aunque en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente el Presidente de la República es quien propone la terna y el Senado quien elige, la propuesta de democratizarla mediante votación popular directa no difiere en esencia, pues si bien se elegirán de entre 30 candidaturas paritarias, 10 de estas corresponden al ejecutivo, 10 al legislativo y otras 10 al judicial; empero, la omisión en cuanto a mecanismos y procedimientos de selección de éstas, conlleva su discrecionalidad, tal y como ocurre en la actualidad”, comentaron.
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Reconocieron que aún en las etapas más álgidas del Estado Mexicano, la función judicial ha sido permanente en la historia nacional; desde antes de 1821, con las bases de la Constitución de Cádiz se fue forjando la estructura de los tribunales que siguieron impartiendo justicia durante y después de la Guerra independencia. Persistieron al Cuarto Poder Conservador de Santa Anna, al imperio de Maximiliano, a la Secretaria Justicia del periodo de Juárez a Porfirio Diaz, y a las vicisitudes de lucha de facciones y la etapa postrevolucionaria.
“Nos corresponde ahora establecer bases suficientes para modernizar no solo la integración de los poderes judiciales de la federación y de los estados, también se requieren las bases de un funcionamiento eficaz para lograr la administración de justicia pronta, completa e imparcial dentro del régimen de respeto y protección a los derechos humanos”, agregaron.
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Los abogados hicieron un llamado a tomar en cuenta con verdadero sentido de diálogo y responsabilidad las aportaciones y críticas que se hagan en los foros en que se discute la reforma judicial, así como la necesidad de no reducirla al ámbito meramente administrativo de cómo se eligen los jueces, magistrados y ministros, sino atender las causas del rezago en las normas reglamentarias que harán falta, donde no se puede desconocer la saturación por exceso de demanda en los juzgados, la necesidad de avanzar hacia la digitalización en general, y en particular en la materia penal, en garantizar la eficacia también tanto de la fiscalías como de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas.
Consideraron que no abordar estos temas implicaría llevar a cabo una reforma judicial a medias, que no ataque de fondo las causas de la inconformidad social que la falta de justicia pronta y expedita ha causado.
“Para que sea eficaz a mediano y largo plazo, la reforma judicial debe ser auténticamente plural, no responder meramente a una cuestión política cortoplacista. Hacemos un llamado a que tanto por parte de la sociedad como de quienes participan en los foros, así como de los legisladores, la reforma que se discuta sea de largo alcance”, puntualizaron.
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