Marco Antonio Fuertes Pérez, titular de la Comisión Estatal de Mejora regulatoria, señaló que a pesar de que el plazo para publicar los reglamentos municipales de Mejora Regulatoria venció el 15 de noviembre, solamente 11 de 17 Ayuntamientos cumplieron esta disposición.

No obstante, reconoció que no se prevén sanciones en la ley para los ayuntamientos que no cumplan con esta medida.

“No, no, aún la ley no lo prevé, eso habrá que irlo buscando, trabajando, y precisamente en el marco de la promulgación de la ley federal, nosotros el 18 de mayo de este año publicamos la ley”, expresó.

Explicó que la estrategia primero fue alinear todo el marco operativo en relación al establecimiento de las unidades especializadas, que debían impulsar esta política pública de mejora regulatoria.

En ese sentido nos abocamos a reunirnos con todos los municipios, a realizar visitas con los alcaldes para sensibilizarlos e invitarlos a sumarse a la política de mejora regulatoria, y el resultado fue que a la fecha tenemos ya 11 municipios con reglamento municipal publicado, los 17 designaron prácticamente a la autoridad de mejora regulatoria responsable de conducir esa política pública, crearon áreas específicas y estamos en proceso de instalar los consejos municipales

Sin embargo, dijo desconocer cuáles son los municipios que faltan por publicar los reglamentos municipales de Mejora Regulatoria. “Pero en general ya prácticamente todos tienen aprobado su reglamento municipal de mejora regulatoria, algunos están en vías de publicarse, en el caso de Centro, está pendiente con proceso de someterlo a cabildo, el resto está listo pero ya hay 11 publicados”.

En otro tema, comentó que Tabasco participa en la prueba piloto para la implementación del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (Cnartys), que está por concluir.

Fuertes Pérez explicó que se trata de una herramienta tecnológica que cumplirá todas las regulaciones, trámites, servicios e inspecciones de dependencias y entidades gubernamentales, y que este instrumento tiene como propósito otorgar certeza jurídica al ciudadano, así como combatir la corrupción y simplificar la gestión gubernamental.