Con el propósito de dotar de mayores herramientas de fiscalización a los diputados locales y no estar esperando los informes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), el diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, propuso la creación de una Comisión Investigadora, mediante una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se hacen diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y al Reglamento Interior del Congreso.

En la Tribuna del Congreso, detalló que la conformación de la comisión de investigación se hará a petición de una cuarta parte de los integrantes de la legislatura correspondiente, es decir de al menos 9 diputados.

Señaló que el objetivo es establecer en la Ley Orgánica, que es lo que se entiende por Comisión de Investigación y que su funcionamiento se hará de forma permanente cuando así se establezca, aunque su constitución sea transitoria hasta el final del periodo de la legislatura correspondiente.

Ademas que se le facilitará para que en el ejercicio de sus atribuciones, revisen las actuaciones de los secretarios de gobierno conforme a lo dispuesto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 54 bis constitucional, así como del resultados de las observaciones firmes que detecte el Órgano Superior de Fiscalización del Estado del Ejercicio que se trate, emanados del correspondiente informe técnico de resultados, de las dependencias gubernamentales estatales y municipales, así como de organismos autónomos.

"Considero que ya es hora de revisar que es lo que pasa después de calificadas las cuentas por el órgano superior de fiscalización, como he explicado a lo largo de mis participaciones en el ejercicio de mi encargo, aunque las comisiones ordinarias de hacienda fiscalizan un ejercicio fiscal y a la vez, dictaminen aprobar o no aprobar la cuenta publica de las administraciones o dependencias pertinentes, al final del día, es decir a más tardar en el mes de abril al año siguiente no se sabe que pasó con las observaciones detectadas, es decir si fueron solventadas o quedaron firmes, pues al menos el ente fiscalizado después de detectada la observación tiene aproximadamente 120 días para recomponer sus omisiones", justificó.

Recordó que luego cuando comparecen los funcionarios, les llegan a decir puras mentiras, como sucedió con dependencias de la administración pasada como el ISSET, y las secretarias de SALUD y FINANZAS.