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Una empresa de reciente creación tiene un contrato con el ayuntamiento de Centro, la cual tiene como socia a una exfuncionaria de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), lo que parece ser un presunto caso de puerta giratoria.
La compañía SKLA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAMC S. A. DE C. V. firmó un acuerdo de trabajo con el gobierno de Yolanda Osuna Huerta, y es el único que tiene la empresa, según una revisión realizada por El Heraldo de Tabasco en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Por otra parte, Gabriela Camacho Ángulo, exfuncionaria de la CEAS, reportó en sus declaraciones patrimoniales de los años 2021 y 2022, publicadas en la Secretaría de la Función Pública del estado de Tabasco, ingresos adicionales a sus percepciones como funcionaria pública por más de 3 millones de pesos y 2 millones 600 mil pesos, respectivamente. El origen de estos recursos es por servicios profesionales.
Entender la situación nos lleva a marzo del 2022, en que la mujer, hoy exservidora pública, creó la compañía citada, sin embargo, no lo agregó en su declaración patrimonial, lo que no fue problema para que el gobierno municipal le adjudicará un contrato a menos de un año de haber dejado la función pública.
El 19 de noviembre del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Austeridad Republicana, con la que se buscaba acabar con la puerta giratoria al prohibir que los servidores públicos al separarse de su cargo, pudieran ocupar puestos en empresas con las que estuvieran relacionadas durante su trabajo en la administración pública, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.
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La idea era evitar el uso de información privilegiada y el conocimiento de todo el entramado administrativo para favorecer la contratación de las empresas privadas. Pero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que esto era violatorio a los derechos de las personas y se eliminó este párrafo de la ley.
Un presunto caso de puerta giratoria es el que sucede con la compañía mencionada, fundada el 31 de marzo de 2022 por Miguel Ángel Ortiz Cruz y la antes mencionada, ya que esta laboró en el gobierno estatal de 2017 al 18 de julio del año de inicio de la compañía. Camacho Angulo habría renunciado al puesto de secretaria particular en la CEAS, donde cobraba un sueldo base de 15 mil pesos mensuales y que al año ascendía, con sus demás prestaciones evidentemente, a 740 mil 782 pesos según plasmó en su declaración patrimonial de conclusión.
No obstante, en esta última declaración, no colocó su participación en la empresa SKLA que ya estaba en funciones y ganó su primer contrato, aunque por invitación restringida, en el Ayuntamiento de Centro en donde se le adjudicó el Programa de reposición de tapas de pozos de visita para alcantarillado, en diversas localidades del municipio de Centro, con una bolsa de 4 millones 682 mil pesos por los trabajos que arrancaron el 24 de abril y terminarán el 21 de agosto del año en curso.
Pese a firmarse el 21 de abril del 2022 el contrato, hasta el 24 de mayo no se le había realizado pago alguno por los trabajos realizados por la nobel empresa. La situación se vuelve más extraña, porque Camacho Angulo plasmó su participación, en esos años, en una empresa privada de la cual no colocó nombre, y a la que se sumó su participación en SKLA, pero de esta ya no menciona nada. Lo que parece ser un presunto caso de puerta giratoria con las que quiso acabar AMLO, pero la SCJN lo evitó, y en Tabasco se permite.
