Para evitar que las controversias escalen a conductas delictivas o actos de violencia, el Congreso local dio entrada a la Iniciativa de Ley de Justicia Cívica para Municipios de Tabasco y que como finalidad tiene que exista una sola legislación homologada, que fomente la cultura de la legalidad y de solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana en una sociedad democrática.
La Iniciativa fue presentada por la diputada del PRD, Patricia Hernández Calderón y explicó que es partidaria de la implementación de un modelo de justicia cívica pues generar una sola ley para los municipios llevará un modelo en la actualización y emisión de reglamentos y bandos de policía.
"Esto con la finalidad de que los 17 municipios tengan la capacidad técnica para reformar sus reglamentos, que sirva de manera supletoria al reglamento Municipal en la materia, en donde se incorpore una visión eficiente de justicia cívica que procure reeducar, facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad", acotó.
Señaló que la Justicia Cívica es el conjunto de procedimientos e instrumentos de buen Gobierno y tiene como objetivos principales prevenir que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia; dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a conflictos comunitarios; mejorar la convivencia cotidiana y el respeto por el entorno; promover la Cultura de la Legalidad; mejorar la percepción del orden público y de la seguridad y disminuir la reincidencia en faltas administrativas.
"Con la creación de esta nueva ley se busca que los padres sean coadyuvantes para mejorar la conducta de sus hijos., por lo que, se prevé la posibilidad de que dichos jóvenes respondan directamente por los perjuicios concientizándolos a realizar actividades en beneficio de la población, programas comunitarios y medidas para mejorar la convivencia cotidiana evitando que sean presa fácil de la delincuencia", acotó.
Dijo que se busca resarcir el tejido social, así como, en el núcleo familiar, la escalada de delitos de orden administrativo, que lesionan el orden y la seguridad pública, los servicios públicos, las buenas costumbres, la tranquilidad e integridad de las personas, el medio ambiente y la moral en general, así como todo aquello que vaya en contra de los intereses colectivos de la sociedad, la convivencia y de los Derechos Humanos.
