Y ahora fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la que presentó el pasado viernes 30 de septiembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Penal de Tabasco que crea la Ley Antiextorsión o mejor conocida como la “Ley Garrote” y que aprobó en el Congreso de Tabasco la Bancada de MORENA que tiene mayoría.
Este recurso presentado por la CNDH, es en atención a la solicitud que hicieron por escrito los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Congreso de Tabasco.
El coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos, confirmó que la CNDH promueve esa queja por ser violatoria a los derechos humanos de los tabasqueños porque les prohíbe realizar protestas públicas cuando es algo que se encuentran estipulado en la Constitución Mexicana.
Este recurso se suma al que presento la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de una consulta ciudadana que hizo en la entidad y que por cierto ya fue admitida en la SCJN.
El pasado lunes 29 de julio el Congreso de Tabasco a Iniciativa del gobernador Adán Augusto López Hernández, aprobó la llamada Ley Garrote con el aval de la mayoría de Morena en el Congreso local.
La reforma al Código Penal impone prisión de seis y hasta 20 años a quienes pretendan extorsionar por medio del bloqueo de vías de comunicación a empresas que realicen obras públicas y privadas en la entidad, así como a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para éstas.
Esa reforma fue aprobada con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, y tras una modificación al artículo 308 Bis debido a la polémica por lo que se consideró como inhibición de la protesta ciudadana, la ahora referida Ley Antiextorsión propone un nuevo tipo llamado “Impedimento de ejecución de trabajos u obras”, el cual eleva las sanciones incluso hasta 20 años de prisión a integrantes de organizaciones que pretendan extorsionar a las empresas que realicen obras públicas y privadas.