Las personas con antecedentes de violencia política de género no podrán acceder a una candidatura para participar en las elecciones intermedias, donde se elegirán diputados locales y presidentes municipales.
A solicitud de la consejera Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, se incluyó esta propuesta dentro del acuerdo sobre los lineamientos para la atención de actos que constituyan violencia política contra las mujeres y que serán aplicados en el proceso 2020-2021.
Entre las medidas cautelares que el árbitro electoral debe aplicar en caso de violencia política contra las mujeres, destacan realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones.
Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora. Así como ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora.
Además, podrá ordenar cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima y en su caso, otorgará la orientación que en todo momento requiera la parte denunciante. El acuerdo aprobado por el Consejo Estatal este viernes en sesión ordinaria, generó inconformidades en los representantes de los partidos políticos debido a una propuesta del consejero David Cuba Herrera.
Los representantes de Morena, PRD y PVEM se mostraron en contra de la intención de obligar a mantener la paridad también en las representaciones electorales y que se exija la presencia de mujeres en comisiones específicas.
Sin embargo, al final el Consejo Estatal avaló emitir lineamientos en ese sentido, aunque el proyecto se presentará en una próxima sesión.
