La iniciativa de violencia vicaria que tiene en sus manos el Congreso de Tabasco no debe ser aprobada por meros compromisos políticos, sino que es necesario que se analice a fondo y de ser necesario se modifique, expresó la diputada local del PRD, Joandra Monserrat Rodríguez Pérez.
A la también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, le parece “extraño” que la bancada mayoritaria de Morena tenga claras intenciones de darle el visto bueno en menos del tiempo del que se toma con las propuestas que salen de la oposición.
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Por lo que sugirió a sus homólogos, documentarse bien respecto de esta propuesta de reforma a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, impulsada por la morenista Laura Patricia Ávalos Magaña.
¿Qué propone la diputada Joandra Monserrat del PRD?
La legisladora se pronunció porque en el Congreso se garantice apertura para escuchar a las asociaciones civiles que se oponen a esta propuesta.
“Yo ya estuve con estas personas que han tenido otros argumentos, por qué no se debe de legislar a favor de esta iniciativa, es una situación en la que hay que documentarse bien, no por el hecho de tener compromisos legislativos, compromisos políticos, vamos a tratar de llevarnos por ese sendero, hay que ser muy ecuánimes, tenemos una responsabilidad enorme, la confianza de todos los tabasqueños", declaró.
¿Qué es la violencia vicaria?
La iniciativa presentada el pasado 22 de abril pretende introducir la figura de “violencia vicaria” y establecer las consecuencias del citado tipo de violencia, así como los modelos de prevención, atención y erradicación que deben establecer las autoridades competentes para proteger a las víctimas de esa conducta.
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Advierte que la violencia vicaria es todo acto intencional mediante el cual se ejerce violencia, maltrato o manipulación hacia las hijas y los hijos, con el objeto de causarle daño a la madre, por parte de quien mantiene o mantuvo una relación afectiva o sentimental con la víctima.
Y señala que las modificaciones planteadas permitirán establecer herramientas jurídicas y políticas que brinden protección a las y los afectados.
Sin embargo, organizaciones civiles están en contra de que al reconocer este tipo de violencia sólo se considere como víctimas a las mujeres y como violentadores a los hombres.
