La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Claudia Gómez Gómez presentó un exhorto para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) termine con los abusos contra la ciudadanía en los retenes situados en el municipio de Comalcalco, específicamente el que se ubica en el libramiento de la ranchería Sur cuarta sección.
Dijo que si bien los puestos de control y vigilancia son necesarios ante la ola de violencia que vive Tabasco, las quejas contra los elementos del Ejercito, la Guardia Nacional y la Policía Estatal han venido en aumento por parte de ciudadanos que aún cuando muestran su documentación en regla son despojados de dinero durante las revisiones.
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“No es tolerable que los ciudadanos sufran abusos en estos puntos de control. Como su representante, me sumo a las denuncias y exijo un alto a estas irregularidades que afectan la seguridad, integridad y bienes de las personas,” enfatizó.
El Punto de Acuerdo solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado:
1. Cese de abusos: Se exhorta a la SSPC a tomar medidas inmediatas para poner fin a las irregularidades reportadas en los retenes de Comalcalco.
2. Informe detallado: Se solicita un informe que detalle la operación de los retenes, el personal involucrado, las respuestas a las quejas presentadas y el seguimiento a los casos denunciados.
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3. Capacitación en derechos humanos: La diputada subrayó la necesidad de formar a los cuerpos policiales estatales y municipales en los lineamientos establecidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
“He sido la portadora de las voces de los ciudadanos que, ante el temor de represalias, no denuncian formalmente los abusos que viven diariamente. Este Punto de Acuerdo es un acto de justicia para ellos,” señaló la legisladora.
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Asimismo, destacó que la acción responde a la responsabilidad del Congreso local de velar por la seguridad y bienestar de los tabasqueños, exigiendo a las autoridades estatales garantizar operativos apegados a la legalidad y respeto de los derechos humanos.
La Sexagésima Quinta Legislatura se suma a este llamado con el propósito de proteger a los ciudadanos, evitar actos de extorsión y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad pública.
