Una investigación a fondo, sobre la situación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), debe realizar la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de que se deslinden responsabilidades, solicitaron representantes de la Iniciativa Privada local.

Esto, luego de que la dirección general del ISSET presentara 10 denuncias penales contra igual número de entes públicos del estado, por el posible daño patrimonial de 672 millones 520 mil pesos.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños, Miguel Ramsés Vázquez Ortiz, celebró que se hayan presentado las denuncias ante las instancias correspondientes, a la vez que instó a titulares de otras dependencias, que hayan encontrado irregularidades a hacer lo propio en tiempo y forma.

Consideró que en el caso del ISSET, se vislumbra un gran fraude, por lo que es necesario llegar hasta las últimas consecuencias para ver quién se benefició de los recursos que son de los trabajadores al servicio del estado.

“Debe irse a fondo en este asunto, si hay alguna observación derivada de la investigación de los estados anteriores de la administración del ISSET, se tendrá que hacer el análisis tanto jurídico como financiero, en este caso por tratarse de dinero, que además, son tratándose de dinero”, afirmó.

Vázquez Ortiz dijo que con base en las denuncias y a las pruebas presentadas, la FGE está obligada a investigar a fondo y aplicar sanciones, en caso de que haya responsables directos.

“Se debe aplica la ley, es decir, se debe investigar y si hay algunas observaciones se debe esclarecer el estado real de las cosas, y sobre esa base pues deslindar la responsabilidad a quien la tuviera”, destacó.

Cabe señalar, que esta semana el ISSET presentó 10 denuncias penales contra igual número de entes públicos del estado por el posible daño patrimonial de 672 millones 520 mil pesos, en donde se menciona que las cuotas que les fueron retenidas a los trabajadores en los años 2016, 2017 y 2018 nunca ingresaron a esta institución médica por parte de ayuntamientos, dependencias estatales y otras instituciones, de las cuales no se revelaron nombres.

El director del ISSET, Fernando Mayans Canabal, también presentó dos acusaciones de hechos por el probable desvío de 72 millones de pesos en la compra de medicamentos del año 2012, y por la falsificación de firmas y cédulas profesionales de los médicos.