Tras señalar que los trabajadores de la salud no pueden ser utilizados como "conejillos de indias", el expresidente del Colegio de Abogados Tabasqueños Sergio Antonio Reyes Ramos consideró ilícito que las autoridades sanitarias obliguen a su personal a firmar un documento en el que la dependencia se deslindan de cualquier efecto secundario por la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.
No es posible que les den la instrucción de ser vacunados y luego los condicionen y obliguen a firmar un documento donde la Secretaria de Salud y el gobierno del estado se deslindan de cualquier resultado adverso.
Es -dijo- como si fuera una cuestión experimental, entonces los trabajadores del sector como toda persona tendrían derecho a una indemnización si resultan afectados o con secuelas dependiendo del grado de afectación a la salud", expido.
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Señaló que si bien no le parece que esto pueda configurarse como un delito, sí es algo ilícito.
Puntualizó que las personas con daños por la aplicación del biológico pueden iniciar demandas de tipo civil en caso de presentarse alguna lesión, una mutilación o lo que resulte. "Creo que sí no está garantizada su eficiencia no debe aplicarse a la población", agregó.
Asimismo, indicó que habrá que ver qué va a pasar con aquellos trabajadores que digan no a la vacuna, pues no hay que olvidar que hay dos enfermeras de Cárdenas con secuelas en la entidad que se encuentran intubadadas y cuyas visas están en riesgo.
"No sé puede poner ni a los trabajadores ni a la población si no se garantiza una vacuna eficaz", insistió.