El abogado Sergio Antonio Reyes señala que si bien el artículo 149 señala que los ciudadanos están obligados a evitar fugas y dispendios de agua potable, se tiene que tener un marco regulatorio ya que este se prestaría a la extorsión contra los ciudadanos.

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Entrevistado al respecto, el abogado Sergio Reyes comentó "Claro que tienen obligación los vecinos de evitar las fugas de agua potable, en sus domicilios, el que no tiene capacidad para pedir y dar seguimiento a las eventuales denuncias que se hagan o supervisiones, de las instalaciones del municipio es el ayuntamiento".

Agregó. "Una cosa es que esté allí y pueda llevarse a cabo con la denuncia o con una supervisión que hagan en el domicilio, sin embargo, el ayuntamiento no tiene la capacidad de realizar ese tipo de verificación". Dijo que hay que checar cuál va ser la forma en que el Ayuntamiento va a iniciar estos procedimientos.

"Si no se hace un marco regulatorio adecuado se va abrir el paso a la extorsión y al chantaje para los ciudadanos que tiene este tipo de problemas y que por alguna razón no lo han verificado o no saben o no han podido hacer las reparaciones que tengan, entonces sería una captación de recursos al municipio, SAS o al que corresponda una fuente de extorsión contra los Ciudadanos", sostuvo

Cabe mencionar que Edith Magaña Villegas, Coordinadora del ́Programa del Agua ́ del CEAS declaró en días pasados que debería aplicarse sanciones para los que desperdician el agua potable en el municipio de Centro.