Una cita con el Fiscal General del estado solicitó la señora Ana Karina Constantino Pérez, madre del joven motociclista que fue atropellado por un tráiler en días pasados sobre la Avenida Ruiz Cortines, ya que denuncia una anomalías en su proceso de denuncia.
Esto en contra de José Carlos Contreras Constantino, su hijo, quien sufrió la amputación de una pierna y un brazo, y está a punto de perder la vista en uno de sus ojos.
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La señora Constantino Pérez comentó que desde un principio notaron cosas raras en la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que los representantes querían que fuera su hijo a interponer la denuncia, cuando se encontraba hospitalizado desde el accidente, en donde perdió una pierna y un brazo.
Sin embargo, días después cuando le permitieron interponer la denuncia y se abrió la carpeta 1000/2021, los familiares de la víctima se inconformaron porque la FGE sólo quería poner el delito de lesiones.
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Manifestó que fue atendido en el Hospital Gustavo A. Rovirosa, y el día del accidente el conductor del tráiler se dio a la fuga, pero el seguro de la unidad tampoco respondió por los daños.
Explicó que si no se interpuso la denuncia el mismo día fue porque estaban ocupados por la salud de su hijo;: “La verdad pues lo que me interesaba más era la vida de mi hijo, no vine el martes, sino el miércoles, y me dicen que no podía poner la denuncia porque no era el turno, que tenía que regresar el viernes, y que no me preocupara yo porque ya estaba interpuesta la denuncia”, comentó.
Pero al regresar el viernes, le dijeron que no ponía poner y la denuncia como madre, sino que tenia que venir el afectado, quien todavía estaba hospitalizado.
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Además de las extremidades que perdió, no le funciona bien un riñón, por lo que todavía temen por su vida.
Como madre pido justicia para mi hijo porque hoy dicen que sale el trailer de aquí, si una persona hubiera atropellado con cualquier vehículo, no lo dejarían salir tan fácil
Ana Karina Constantino Pérez
Por ello, solicitó una cita con el Fiscal General del estado para exponerle toda la serie de irregularidades ya que la representación social tiene la obligación de defender y asesorar en este caso a la víctima.