Ante la aprobación por parte del Senado de la República de la legalización de la marihuana, el sector empresarial de Tabasco consideró que a la par de su entrada en vigor, las autoridades mexicanas deberían establecer campañas de difusión y programas integrales tendientes a la prevención del consumo, pero también la rehabilitación de las personas con problemas de adicciones.
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En opinión del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Luis Alberto Rodríguez Luna, las adicciones en México son un problema serio y real que debería combatirse.
Por ello, consideró histórico que el Senado mexicano aprobara legalizar la marihuana recreativa con lo que se pretende aliviar la crisis de derechos humanos y consolidar al país como potencia industrial del cannabis.
No obstante, reconoció que algunos activistas advierten que aún es insuficiente y todavía debe superar escollos legislativos.
Cabe señalar que recientemente, con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones, el Senado avaló la creación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, además de reformas a Ley General de Salud y del Código Penal que prohíben el consumo lúdico de la marihuana.
“Ante tal hecho, se debería invertir un porcentaje considerable de la recaudación fiscal por esta actividad en generar campañas y programas integrales, verdaderamente efectivos, para la prevención y rehabilitación de las adiciones”, opinó el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Cárdenas.
Rodríguez Luna agregó que es necesario que tanto autoridades como sectores reconozcan que el problema de la marihuana en México, es actualmente ya es un problema que no tiene control.
“Es una situación latente y real por lo que se debería poner especial atención”, opinó.
Cabe señalar que el dictamen es aprobado a dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentara jurisprudencia sobre el uso de la marihuana, con lo que obligaba al Congreso de la unión a legislar para derogar el modelo prohibicionista establecido en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias.
