La Ley de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de Tabasco saldrá con el consenso de las cuatro fracciones parlamentarias (MORENA, PRD, PRI y PVEM) que integran la LXIII Legislatura, señaló la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Beatriz Milland Pérez.
Indicó que no hay una fecha establecida, pero sí hay mucho interés de las cuatro fracciones parlamentarias para aprobarla y que salga como una iniciativa de toda la legislatura y no sólo de un partido o de una fracción.
Dijo que la ley se está analizando y está en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, además que se está nutriendo de opiniones y de casos de éxitos de otras entidades para que pueda salir robustecida, para que evidentemente salga como un proyecto de toda la legislatura pues ha sido presentada por diputados de anteriores legislaturas.
Lamentó el homicidio de la reportera Norma Sarabia Garduza y expresó sus condolencias a sus familiares y confío en que las autoridades harán su trabajo.
Cabe señalar que han presentado iniciativas los ex diputados, Mildeydy Araceli Quevedo Custodio, Jorge Lazo Zentella, Carlos Ordorica Cervantes y Ariel Cetina Bertruy.
"Es un hecho que lamentamos, la muerte de la periodista y nos unimos a la pena de sus familiares, confiamos en que las autoridades hagan su trabajo respectivo, como bien se comentó en el posicionamiento que se dio a conocer durante la sesión de la Comisión Permanente", apuntó.
Cabe señalar que ante el aumento de crímenes en contra de periodistas en el país, que lo han colocado como uno de los más peligrosos, se han presentado diversas iniciativas, con la finalidad de contar con el marco jurídico adecuado, que permita enfrentar legal y eficazmente cualquier ataque a la vida o la integridad física de esas personas y la de sus familias, estableciendo medidas para su protección, que van desde la creación de protocolos, la reubicación temporal de las personas afectadas y de su familia.
Además incluye el apoyo con becas o pensiones para familiares, cuando algún periodista o persona defensora de los derechos humanos sea asesinado en el ejercicio de sus actividades; así como la creación de un fondo a través de un fideicomiso público para garantizar las medidas señaladas.
