El Colegio de Abogados Tabasqueños solicitó la intervención de la Secretaría de la Función Pública en el caso de una licitación asignada por la UJAT a una empresa propiedad de la actual Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayra Jacobo Priego, por lo que la dependencia federal abrió ya una carpeta de investigación referente a este tema
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Esto por considerar que incurrió en omisión de informar que era servidora pública al momento de la licitación.
En conferencia de prensa Sergio Antonio Reyes Ramos, integrante de ese colegio consideró que hay elementos para fincar responsabilidad administrativa.
La queja ante la Secretaría de la Función Pública fue porque la funcionaria omitió en el contrato que obtuvo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) que forma parte de la administración estatal.
De este modo, dijo que en la asignación de ese contrato a la empresa denominada Industria y Diseño Textil del Sureste S.A. de C.V, propiedad de la secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, sí hubo anomalías que inician con la omisión señalada en ambas partes.
”De acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción no son competentes los servidores públicos para dictaminar o no sobre la procedencia de una denuncia de este tipo, entonces ya como nos dirigimos a la Función Pública, y tardo más de un mes en no actuar tuvimos que acudir a un juez federal, y debido a esto la Función Pública tuvo que abrir un expediente y turnarlo parcialmente a la Universidad, en cuanto a las presuntas omisiones de un funcionario de ahí, y nosotros vamos a ingresarla en contra de la titular de la SDEC, porque omitió en manifestar que al momento de la adjudicación era funcionaria pública, y por lo tanto debió exhibir una autorización de la Función Pública para participar en este proceso”, afirmó.
Refirió que desde el 1 de enero de 2019 cuando la funcionaria tomó protesta, el formato para participar en una licitación pública cambió para ella, además de que en el contrato, que fue por 25 millones de pesos para la confección de un conjunto de uniformes, también se observan detalles como una doble presentación primero como una sociedad anónima y luego como sociedad civil.
“Por ello, creemos que hay elementos suficientes para una responsabilidad administrativa, también para el delito de falsedad que presentaremos próximamente ante la autoridad competente”, aseveró.
