Aunque pudo hacerlo de oficio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó someter a una consulta pública promover una acción de inconstitucionalidad contra la llamada "Ley Antiextorsión" y fue hasta el pasado miércoles cuando interpuso el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente del organismo Pedro Calcáneo Argüelles precisó que de un universo de 504 personas consultadas, el 23 por ciento dijo que esta vulnera los derechos humanos y se mostró a favor de que se promueva el recurso aportando incluso razones válidas para buscar echar abajo la reforma al Código Penal.
Añadió que el 64 por ciento habló de temas diversos que no tenían nada que ver con la reforma.
En entrevista, Calcáneo Arguelles refirió que ahora corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitir su fallo al respecto.
“Analizamos a detalle las razones que nos aporta la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil y concluimos que era importante que la Suprema Corte decidiera si hay armonía entre los derechos de manifestación y libertad de expresión con los tipos de conductas que se pretende contemplar en esta reforma”, sostuvo.
De tal manera –prosiguió- que ayer presentamos esta acción de inconstitucionalidad, fueron 504 opiniones a través de redes sociales, además de oficios.
Aclaró que la consulta no fue una votación sobre opiniones a favor o en contra, sino que se consultó a la sociedad para que aporte razones sobre la reforma y no sobre si la gente quiere o no que se promueva el recurso.
Cabe mencionar que la consulta ciudadana se llevó a cabo del 6 al 20 de agosto.
