Habrá cárcel para delitos electorales

Tras la reforma al artículo 19 de la Constitución, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado (FGE), trabaja en la conformación de los nuevos lineamientos para aplicar todo el peso de la ley.

Jesús Manuel Domínguez

  · miércoles 19 de junio de 2019

José María García Tiquet, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGE. /Javier Chávez

Tras la reforma al artículo 19 de la Constitución, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado (FGE), trabaja en la conformación de los nuevos lineamientos para aplicar todo el peso de la ley contra quien o quienes incurran en la compra o coacción de votos utilizando programas sociales, ya sea en tiempo electoral o natural.

Así lo señaló el titular del área, José María García Tiquet, quien añadió que la comisión de este delito amerita cárcel preventiva.

"La compra de votos es ya un delito grave y las sanciones aplican para aquellos candidatos, personas y partidos políticos que trafiquen con pollitos, despensas, dinero o puerquitos, y sean detenidos en flagrancia", abundó.

Por lo que invitó a los ciudadanos u organizaciones que detecten este tipo de ilícito a denunciar ante la Fiscalía, de tal manera que se pueda actuar contra los infractores de la ley, sobre todo en campañas políticas durante los procesos electorales.

Por otra parte, García Tiquet señaló que vecinos inconformes de Tamulté de las Sabanas acudieron a solicitar información sobre cómo poner una demanda por irregularidades durante la elección de delegados, se les dio informes pero no procedieron a presentarla.

Cabe señalar que el Senado de la República entre otros delitos que ahora ameritarán detención preventiva, -a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador- aprobó como delito grave la utilización de los recursos que otorgan los programas que entrega la federación y que en un momento dado pudieran ser entregados por el estado y los municipios.

Y que a la vez estarían siendo empleados para coaccionar el voto a favor de tal o cual candidato, sobre todo, como ya es muy sabido, a favor de los llamados candidatos de “línea” de las administraciones estatales, municipales o federal.