La compra del helicóptero marca Agusta Westland modelo 2002, pagado con recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Gobierno de Tabasco de Arturo Nuñez Jimenez sigue en la impunidad. A pesar de las supuestas órdenes de aprehensión librada en el año 2021 y la detención de posibles responsables en el año 2022.
Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) mencionó que el caso sigue en proceso de investigación a la fecha no hay ningún sancionado, mientras que para la Secretaría de la Función Pública (SPF), el caso se cerró con la inhabilitación por tres meses a dos servidores públicos y una suspensión temporal por tres meses a un tercer involucrados, sin embargo, el helicóptero sigue sin aparecer.
De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción a El Heraldo de Tabasco, al 7 de noviembre del año 2023, continúa abierto un expediente por irregularidades en la compra de un helicóptero marca Agusta Westland modelo 2002, con recursos donados por Pemex en el año 2016.
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Aunque se han realizado 86 diligencias a la que han comparecido tres funcionarios involucrados, a la fecha de respuesta, la fiscalía investigadora no ha resuelto sanción alguna contra los involucrados.
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Por su parte, la Secretaría de la Función Pública señaló que abrió dos expedientes de responsabilidades administrativas derivadas de las irregularidades encontradas en la compra de un helicóptero durante el sexenio de Arturo Núñez Jimenez, en la que fueron llamados a comparecer un total de 5 servidores públicos.
De esta manera se realizaron un total de 12 diligencias, y se sancionaron a 3 servidores públicos señalados como presuntos responsables, de la cual 2 fueron inhabilitados por tres meses y el tercero fue suspendido por tres meses.
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A pesar de que en noviembre del año 2021 se mencionó una orden de aprehensión por la compra irregular del citado helicóptero y en octubre del 2022 se difundió la detención de dos personas por el mismo caso, a noviembre del 2023 la Fiscalía estatal no ha resuelto sobre el caso y a pesar de que desde el 2021 el propio Gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, reconoció que el helicóptero comprado en el año 2016 no aparece, las sanciones emitidas hasta el momento son mínimas.