La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) no ha judicializado ninguna carpeta de investigación relacionada con violencia política en razón de género a pesar de que sí ha recibido casos relacionado con este ilícito.
Información proporcionada vía transparencia destaca que en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 este organismo dio trámite a 12 denuncias en la materia.
Pero con corte al 28 de junio de este año no ha podido concluir las investigaciones para dar paso a la judicialización y por lo tanto proceder a la sanción de los responsables.
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Esta violencia consiste en acciones, omisiones o formas de tolerancia a través de las cuales se limita, anula o menoscaba que precandidatas, candidatas, funcionarias y servidoras públicas ejerzan efectivamente sus derechos políticos y electorales; ejerzan plenamente las atribuciones de su actividad; desarrollen libremente la función pública; tomen decisiones; se organicen y/o accedan y ejerzan las prerrogativas.
En 2020 se publicaron reformas a varias leyes, entre ellas la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Las modificaciones consistieron en definir la violencia política en razón de género, incluirla en el catálogo de delitos electorales y establecer sanciones contra quienes las cometiesen.
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Hasta ahora las sanciones impuestas han corrido a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) que ha actuado contra dos alcaldes: Evaristo Hernández Cruz, de Centro, y Nydia Naranjo Cobián, de Cunduacán, ambos inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).
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