La Extinción de Dominio se aplicará en Tabasco no solo para el combate a la delincuencia organizada, sino también en los casos de corrupción y robo de combustibles, luego de que el Congreso de Tabasco aprobó con 30 votos el dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Es decir, que se podrá aplicar no solamente contra quienes se dedican al delito federal del huachicoleo, sino también a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción y a quienes no tenga forma de demostrar su enriquecimiento de la noche a la mañana.

La Extinción de Dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículo, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delito en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Se establece la declaración de la pérdida del derecho sobre propiedades, producto de la criminalidad organizada y de actos de corrupción, toda vez que se constituyen los mecanismos efectivos que ayuden a seguir obteniendo una estrategia contra la delincuencia organizada y la corrupción.

De esta forma, Tabasco se convierte en uno de los primeros estados en aprobar esa Minuta que ya fue avalada en el Congreso de la Unión.

Durante la sesión extraordinaria de ayer del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, del Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno de la LXIII Legislatura aprobó un Dictamen relativo a una Minuta por el que se reforman el Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen establece las herramientas para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluido sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, además de llevar a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y en su caso, la destrucción de los mismos.

Momentos antes de la aprobación del dictamen, los legisladores María Esther Zapata Zapata, Carlos Mario Ramos Hernández, Julia del Carmen Pardo Contreras y Daniel Cubero Cabrales, se pronunciaron a favor del documento, al señalar que con dichas acciones tendientes a cumplir con un reclamo social se da paso a una verdadera transparencia, toda vez que se busca obtener más herramientas para el combate frontal a la delincuencia organizada y a los delitos de corrupción.