/ sábado 16 de julio de 2022

Exige PRI Tabasco se cumpla sanción a funcionarios morenistas por revocación de mandato

Funcionarios de la 4T habrían realizado actos de promoción, por lo que el PRI Tabasco pide que se cumpla el resolutivo del TEPJ de castigarlos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tabasco exigió que se cumpla el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) para sancionar a funcionarios del gobierno morenista implicados en la promoción personalizada durante la revocación de mandato.

La agrupación política acusa que hubo propaganda gubernamental, uso indebido de recursos y violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

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“Se debe restablecer el orden democrático en México”, puntualizó el CDE del PRI al exhortar tanto a los organismos electorales como a los Congresos locales de las entidades a realizar el trabajo correspondiente para que se aplique la ley a los sujetos sancionados.

¿Qué establece el resolutivo?

Cabe mencionar que el resolutivo en cuestión establece revisar si los funcionarios reincidentes en violaciones a la Constitución cumplen con el ‘modo honesto de vivir’ en el Catalogo de los 125 registros de Sujetos Sancionados.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad facultada para resolver en materia electoral las controversias, pero para tal efecto requiere que los Congresos estatales apliquen la sanción correspondiente.

Los implicados, dijo, están en todo su derecho de acudir a otras instancias, sin embargo, aquí lo que está en juego es la legalidad y la democracia plasmada en nuestra Constitución, y que ellos violentaron.

¿Qué dijo el líder del PRI Tabasco?

Tal pareciera, indicó el CDE del PRI, que quienes están actuando de manera alevosa y dolosa son quienes infringieron la ley y pretenden socavarla para convenir a sus intereses partidistas.

Lee más: Alejandro Moreno califica como una gran mentira las acusaciones de Layda Sansores

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, identificó gastos durante el proceso de revocación de mandato, vinculados con los partidos políticos a través de publicidad e intromisiones directas, los cuales no están permitidos por la normativa vigente, situación que se registró en varios estados del país.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tabasco exigió que se cumpla el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) para sancionar a funcionarios del gobierno morenista implicados en la promoción personalizada durante la revocación de mandato.

La agrupación política acusa que hubo propaganda gubernamental, uso indebido de recursos y violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

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“Se debe restablecer el orden democrático en México”, puntualizó el CDE del PRI al exhortar tanto a los organismos electorales como a los Congresos locales de las entidades a realizar el trabajo correspondiente para que se aplique la ley a los sujetos sancionados.

¿Qué establece el resolutivo?

Cabe mencionar que el resolutivo en cuestión establece revisar si los funcionarios reincidentes en violaciones a la Constitución cumplen con el ‘modo honesto de vivir’ en el Catalogo de los 125 registros de Sujetos Sancionados.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad facultada para resolver en materia electoral las controversias, pero para tal efecto requiere que los Congresos estatales apliquen la sanción correspondiente.

Los implicados, dijo, están en todo su derecho de acudir a otras instancias, sin embargo, aquí lo que está en juego es la legalidad y la democracia plasmada en nuestra Constitución, y que ellos violentaron.

¿Qué dijo el líder del PRI Tabasco?

Tal pareciera, indicó el CDE del PRI, que quienes están actuando de manera alevosa y dolosa son quienes infringieron la ley y pretenden socavarla para convenir a sus intereses partidistas.

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El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, identificó gastos durante el proceso de revocación de mandato, vinculados con los partidos políticos a través de publicidad e intromisiones directas, los cuales no están permitidos por la normativa vigente, situación que se registró en varios estados del país.

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