Con la finalidad de combatir el lavado de dinero y aumentar la recaudación, el Congreso de Tabasco dio entrada a una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda y de la Ley que Regula la Venta de Bebidas Alcohólicas, y que como finalidad tiene establecer impuestos estatales a los casinos y un nuevo gravamen a las bebidas alcohólicas, pero no sé incluye la cerveza

• Síguenos en Facebook: @elheraldodetab y en Twitter: @heraldodetab

La propuesta fue enviada por el gobernador Adán Augusto López Hernández y se justifica en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió constitucional que los gobiernos de los estados cobren impuestos a los casinos, a raíz que los ministros se pronunciaron por tres amparos promovidos por empresas en Nuevo León que se inconformaron.

• Pistolero de Las Vegas dejó nota con cálculos de tiro para matanza

Cabe señalar que hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se abrirán oportunidades de inversión a las empresas cerveceras y ayer el propio gobernador lo recalcó.

López Hernández, estimó que su propuesta de reforma a la Ley de Hacienda del Estado, podría enviarlo al Poder Legislativo en aproximadamente tres semanas.

• Encuentran casino clandestino en Puebla, había mesas de póker, blackjack y una ruleta

"Estamos explorando ya, y seguramente antes de tres semanas, vamos a presentar ante la Cámara de Diputados una propuesta para gravar los casinos, juegos y sorteos. Acaba de salir una resolución de la SCJN que posibilita que este gravamen pueda aplicarse en los estados. Y lo otro que estamos revisando es, como ya se empezó a aplicar en otros estados, el de un impuesto a las bebidas alcohólicas. Entonces, lo que nos va a permitir – un impuesto estatal - tener financieramente un mejor margen de maniobra", indicó.

Cabe mencionar que en el caso de los amparos promovidos por los empresarios quejosos de Nuevo León, argumentaban que solo el gobierno federal podía aplicarles impuestos a los permisionarios de casinos, a lo cual, los ministros respondieron que la ley impugnada grava solamente a los operadores de los establecimientos localizados en la entidad, los cuales no son necesariamente la misma persona moral.