Tras señalar que la invalidez parcial de la Ley Garrote era inevitable, el abogado Constitucionalista, Sergio Antonio Reyes Ramos, indicó que la antijuridicidad de las disposiciones penales ahora reprobadas por la Suprema Corte, demuestra el grado del Congreso local para “legislar al vapor”, al gusto del ejecutivo, distantes de la tarea constitucional de expedir y modificar las leyes del régimen interno de Tabasco de acuerdo a las necesidades de la población.
Igualmente consideró adecuado el fallo que emitió esta tarde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
Con esta resolución la SCJN frena la intentona de endurecer la legislación penal para criminalizar la protesta social
Manifestó que no solamente se trataba de torcer la garantía constitucional de la libre manifestación en protestas públicas, sino también de aumentar en exceso las penas, al grado que se podía encarcelar hasta por 20 años por las modalidades invalidadas, cuando por los delitos vigentes cometidos por servidores públicos (peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, etc., la sanción no rebasa los 8 años).
Agregó que incluso las penalidades de la Ley Garrote superan las establecidas por el Código Penal Federal.
RESPETAN RESOLUCIÓN PERO NO LA COMPARTEN
Cabe señalar que el gobierno del estado respetará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que el fallo respecto a la llamada Ley Garrote le sea adverso.
De acuerdo al coordinador General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Guillermo del Rivero León, la administración estatal respeta, aunque no comparte la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó cuatro artículos del Código Penal de Tabasco, reformados en el 2019.