“Vamos a defender jurídicamente nuestro financiamiento público”, afirmó tajante la secretaria general de ese partido Katia Ornelas Gil, luego de que la Junta Especial número 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ordenó el embargo de las prerrogativas al PRI.

Esa instancia ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) la retención de los 3.9 millones de pesos al Revolucionario Institucional correspondientes al 2020, debido a que incumplió con el pago de laudos laborales que se vienen arrastrando desde 2012.

Por lo que el órgano electoral convocó a sesión este jueves con carácter de urgente al Consejo Estatal para dar cumplimiento al mandato de la autoridad en materia laboral.

Ornelas Gil, expuso que a escasos días de haber asumido los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal, se encuentran en el proceso de entrega-recepción, y por tanto, no tienen conocimiento de las condiciones financieras en la que se encuentra el tricolor.

Calificó de irresponsables a dirigencias pasadas por no haber cumplido con la disposición de la ley, al tiempo que señaló que la dirigencia entrante transitará por la ruta jurídica que permita defender las condiciones de operatividad y movilidad del partido.

Cuestionada sobre si esto podría generar retrasos en el pago de sueldos a los trabajadores, mencionó que este asunto pone en una condición adversa la situación interna del partido, pues el tema no es tanto como empleados, sino como en la contribución como militantes.

Asimismo, la también diputada local reveló que también existen deudas con algunos proveedores, sin embargo el presidente Dagoberto Lara Sedas ha proyectado una revisión profunda de los recursos.

Tenemos la plena confianza que vamos a salir adelante por la vía jurídica, pues todo esto ocurrió por omisión en su momento, no interpuso un recurso para dar tiempo a cumplir la sentencia. Ahora se tiene que ver la manera de pagar ese laudo, pero tampoco nos pueden dejar sin recurso para la movilidad