“Sólo el presidente de la Republica puede conjuntamente con el gabinete y la aprobación del Congreso de la Unión o su comisión permanente, suspender garantías; y eso no ha ocurrido”, sostuvo el expresidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos en respuesta a las voces que se han pronunciado a favor del toque de queda en Tabasco.
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Es el caso del Obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López quien durante su rueda de prensa virtual del pasado domingo, consideró que si en otros países se ha implementado esta medida, también pudiera ser adoptada en la entidad ya que la gente no entiende con palabras.
De igual forma, el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos, Efraín Rodríguez León señaló que las autoridades estatales debieran dar ese paso para poder contener a la gente que no acata la medida sanitaria del “quédate en casa”.
Incluso, el reconocido abogado invitó al ministro católico a “leer y releer” la Constitución, que establece claramente que el único facultado para poner en marcha este recurso jurídico es el propio presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
El obispo antes de pronunciarse por el toque debe leer y releer la Constitución Federal. Gerardo Rojas debe opinar como auxiliar espiritualmente a los católicos que mueren sin confesarse, sin la extremaunción en los hospitales…ese si es su ámbito.
Para Reyes Ramos, la propagación de la pandemia en Tabasco obedece a dos factores, por un lado el factor cultural, pues no se creyó en la magnitud y efectos fatales de la enfermedad, algo que comparten todas las entidades del país.
Por otro lado el circunstancial, derivado de una pésima respuesta gubernamental debido a que no se han tomado las debidas previsiones para enfrentar la pandemia de COVID-19. “Se han emitido decretos basados en ocurrencias al margen de los procedimientos legales y con efectos contraproducentes”, abundó.
Enfatizó en que se castiga el hecho de no usar cubrebocas cuando el propio gobierno no repartió a su personal de policía o salud mascarillas de la calidad requerida.
Además que se monopolizó la aplicación de pruebas de coronavirus en el laboratorio de salud pública a grado tal que ahora se ha mercantilizado de 2 mil 700 a 8 mil 600 en laboratorios privados.